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El gobierno quiere realizar una acción conjunta con São Paulo y Río contra vándalos en las protestas; la policía investiga el accionar de una facción criminosa
30/10/2013 - 16h27
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FERNANDA ODILLA
DE BRASILIA
ROGÉRIO PAGNAN
FELIPE SOUZA
LAURA CAPRIGLIONE
DE SÃO PAULO
El gobierno brasileño intentará trazar una estrategia conjunta con São Paulo y Río de Janeiro para contener y castigar de forma más eficiente los actos de violencia y vandalismo durante las protestas.
El próximo jueves (31) los secretarios de Seguridad de ambos estados van a reunirse en el Ministerio de Justicia, en Brasilia, para definir las principales medidas que serán tomadas.
"No significa reprimir la libertad de manifestarse, pero sí [hacer] un análisis de inteligencia, investigar y aplicar castigos de la mejor forma posible a aquellas personas que infrinjan la ley", afirmó este martes (29) el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo. Según el ministro, Río y São Paulo fueron elegidas porque son los lugares en donde las manifestaciones "recurrentemente" terminan con actos de vandalismo.
La decisión fue tomada después de que una protesta contra la muerte de un adolescente durante un abordaje de la Policía Militar llevó el caos a barrios de la zona norte de São Paulo, lo que incluyó vehículos incendiados, negocios saqueados, choferes que sufrieron robos y el cierre durante por lo menos cuatro horas de la principal vía de acceso entre São Paulo y Minas Gerais.
El lunes (28) además de incendiar seis ómnibus y tres camiones, algunos manifestantes armados dispararon al saquear un comercio y las balas alcanzaron a un peatón.
El soldado Luciano Pinheiro Bispo, de 31 años, preso por homicidio culposo (sin intención), dijo haberle disparado al joven accidentalmente cuando iba a bajar del vehículo.
La policía investiga la supuesta participación de integrantes de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC) en la organización de las protestas violentas.
Buena parte de los negocios volvió a cerrar sus puertas el martes, por segundo día, y las clases se suspendieron en algunas escuelas. Un grupo de comerciantes dijo haber recibido amenazas por parte de criminales para que cierren sus locales durante toda la semana.
Policías, oficiales ligados a la cúpula de seguridad e investigadores dicen que existe una serie de indicios que vinculan a los criminales ligados al PCC con los hechos violentos.
La región en donde sucedió la violenta protesta es uno de los principales reductos del grupo para el comercio de drogas y armas.
De acuerdo con ellos, ninguna acción de ese tipo podría ocurrir sin la autorización de los jefes del tráfico local, ya que la fuerte presencia de la policía dificulta la venta de drogas.