Uruguay niega asilo político a una activista brasileña

22/07/2014 - 13h53

La abogada Eloísa Samy, 45, activista de derechos humanos que daba asistencia jurídica a manifestantes, pidió asilo político en el Consulado General de Uruguay en Río de Janeiro en la mañana de este lunes (21).

El pedido fue negado y dejó el lugar por la noche, sin ser vista por la policía.

Samy está considerada como una fugitiva desde el último viernes (18), cuando la Justicia de Río aceptó la denuncia contra 23 manifestantes por formación de cuadrilla armada.

Ella fue acusada, junto con los demás 22 condenados, de planear acciones violentas, como destrucción y agresión a la policía, en manifestaciones desde junio de 2013.

El grupo está acusado de haber confeccionado bombas molotov y artefactos explosivos que serían usados en las protestas. De los 23 denunciados, 18 están considerados fugitivos.

Cinco activistas ya están presos. Elisa Quadros, conocida como Sininho, Camila Jourdan e Igor D'Icarahy fueron detenidos el 12 de julio, en la víspera de la final del Mundial.

Fabio Raposo y Caio Silva de Souza, acusados de la muerte del camarógrafo Santiago Andrade, están presos desde febrero.

La abogada llegó al consulado con los activistas David Paixão, 18, de quien es representante legal, y Camila Nascimento, 19.

El abogado Rodrigo Mondego, que también les da asistencia a algunos manifestantes, dijo que los dos jóvenes también pedirán asilo.

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Ellos no están en los registros de denuncia del Ministerio Público.

De acuerdo con la diputada del estado de Río de Janeiro Janira Rocha (PSOL), los tres dejaron el consulado después de haber recibido una respuesta negativa de la cónsul Myriam Fraschini Chalar, que argumentó que Uruguay reconoce a Brasil como Estado democrático de derecho y por eso no podría conceder el asilo.

Ellos habrían salido por el garaje, sin ser vistos por los policías militares que estaban de guardia a pocos metros de ahí.

De acuerdo con el abogado Mondego, que también es coordinador de la sectorial de Derechos Humanos del PT y firma la nota difundida por el partido el último jueves (17) en repudio a la prisión de los activistas, Samy se considera "una perseguida política del Estado de Río de Janeiro".

Samy está siendo representada por la comisión de la OAB-RJ. En una nota, el presidente de la comisión, João Pedro Pádua, afirma que el "abogado tiene derecho de simpatizar con una causa y no cobrar honorarios, lo que no significa conspirar".

Colaboró ADRIANO BARCELOS

Traducido por NATALIA FABENI

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