Gobierno brasileño redujo en 85% los presupuestos para prisiones

04/01/2017 - 15h27

El Gobierno Federal de Brasil redujo en los últimos dos años en un 85% los presupuestos que transfiere a los estados para la construcción de nuevos centros penitenciarios y los recursos para reformar y modernizar los ya existentes.

El sistema penitenciario del país está colapsado y tiene un déficit de 250 mil plazas, según el último balance federal, algo que quedó de manifiesto con la muerte de 56 presos en una cárcel superpoblada de Manaos, entre el domingo (1) y el lunes (2), tras una reyerta entre facciones criminales. Ha sido la mayor masacre registrada en un presidio desde Carandiru, en 1992, en la que murieron 111 reclusos a manos de la Policía Militar.

El Funpen (Fondo Penitenciario Nacional), que depende del Ministerio de Justicia, transfirió US$34 millones en 2014 al programa "Apoyo a la Construcción de Penales", utilizado para la construcción y ampliación de presidios estaduales, de acuerdo con los datos del presupuesto federal.

Al año siguiente, la partida fue reducida a US$4 millones y, en 2016, a lo largo de los gobiernos de Dilma Rousseff (del Partido de los Trabajadores) y de Michel Temer (del Partido del Movimiento Democratico Brasileño), subió apenas a US$5 millones. Cuantía insuficiente si consideramos que una cárcel para 847 reclusos, inaugurada hace seis meses en el interior del estado de Sao Paulo, le costó al Estado US$36 millones.

Según los datos del Infopen, sistema que registra la cantidad de presos, en 2014, había 622 mil presidiarios en Brasil en una red penitenciaria con capacidad para 372 mil.

En el Amazonas, donde esta semana murieron las 60 personas en dos motines carcelarios, la tasa de ocupación era del 259%, o sea, casi dos veces más de su capacidad. Solo el complejo Anísio Jobim, lugar donde se produjo la mayor tragedia esta semana, con una infraestructura preparada para albergar a 454 hombres, custodiaba a 1.224.

El Ministerio de Justicia no se manifestó sobre la reducción desde 2014. Afirmó, sin embargo, que se compromete a destinar, en 2017, US$ 48,2 millones de los presupuestos del año pasado.

La cartera también promete destinar US$247 millones más a la construcción de un presidio por estado.

La opinión mayoritaria es que el hacinamiento unido a la falta de estructura facilita la acción de bandas criminales. "Estas organizaciones venden protección por lo tanto, quien entra en el penal precisa simpatizar con alguna facción para poder sobrevivir", explica Arthur Trindade, ex secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y miembro del Forum Brasileño de Seguridad Pública.

El ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, declaró recientemente que tiene como plan reducir la cantidad de presos provisionales en el país, que conforman hoy el 41% del total. Por otro lado, es a favor de endurecer las penas para crímenes con ensañamiento.

Traducido por AZAHARA MARTIN

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