Una ley sancionada en el pasado por el expresidente Lula complica su situación como preso

08/06/2018 - 12h21

El entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva no había cumplido un año de mandato en 2003, cuando sancionó una ley que se convertiría, 15 años después, en uno de los dolores de cabeza en la disputa que mantiene con la Justicia, en el seno de la Operación Lava Jato.

En apenas cuatro párrafos, la Ley 10.763 reformó puntos del Código Penal sobre delitos de cuello blanco, endureciendo, por ejemplo, la pena para delitos de corrupción, cuya condena máxima pasó de 8 a 12 años de prisión. La regla creada en aquella época contribuyó a ampliar el castigo impuesto al político en el caso del tríplex de Guarujá (SP), por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, que juzga los casos de la Lava Jato en segunda instancia. La pena por corrupción y blanqueo de capitales fue fijada en 12 años y 1 mes de prisión.

Lula completó dos meses de reclusión el jueves (7) como consecuencia de esa condena.

Otro párrafo de la Ley, sin embargo, promete causar aún más trastorno de aquí en adelante, pues condiciona la progresión del régimen a la "devolución del producto de la actividad ilícita practicada".

Esto significa que, si no consigue cambiar su condena o su prisión en las cortes superiores, el expresidente sólo podrá pasar al régimen abierto (semiabierto en Brasil) tras cumplir dos años en régimen ordinario (cerrado en Brasil), si paga la indemnización de R$ 13,7 millones (US$ 3,51 millones), con intereses y reajustes, determinada por el TRF-4 (Tribunal Regional Federal).

	AP Photo/Eraldo Peres
	Foto de archivo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (26 de marzo)

El veto a la progresión de régimen si no se devuelven los valores desviados ya está impidiendo que condenados por la Operación pasen al régimen abierto. En el caso de Lula, el hecho de haber sido el presidente el que sancionó la Ley que actualmente se ha convertido en un obstáculo en su caso es una "fatalidad natural y legal", de acuerdo con la opinión del coordinador del posgrado en Derecho Penal Económico del Instituto de Derecho Público de São Paulo, Fernando Castillo.

Traducido por AZAHARA MARTÍN

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