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Publicado en 11/04/2016

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07/01/2014 - 12h32

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JANIO DE FREITAS
COLUMNISTA DE FOLHA

La cárcel de Pedrinhas, en el estado de Maranhão, con las 14 decapitaciones de presos a manos de otros presos, fue la que conquistó el status de escándalo, pero fue la prisión Central, en Porto Alegre, que el pasado 30 de diciembre motivó la notificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Brasil, con un plazo de 15 días, para sanar las monstruosidades allí impuestas a los presos.

En resumen: la cárcel tiene capacidad para 1985 presos y amontona 4590, una cloaca a cielo abierto atraviesa lo que sería el patio y, el poder real dentro de la prisión, es ejercido desde hace mucho tiempo por facciones criminales.

De Norte a Sur se repite la misma historia. No solo en las cárceles, también en las Cortes y en los Ministerios Públicos de todo Brasil.

Los gobiernos de los estados y el nacional son los acusados de siempre. Por mérito. Pero por exageración acusatoria también, como es habitual.

A ningún magistrado, juez de segunda instancia o integrante de algún tribunal superior le falta conocimiento de las condiciones criminales vigentes en las cárceles brasileñas. Ningún fiscal, ni procurador del Ministerio Público Federal carece de ese conocimiento.

Sin embargo, el estándar general de sus actividades es el siguiente: no hay ninguna demostración práctica de tener algún interés sobre la existencia de esas mazmorras medievales, que configuran como crímenes tanto dentro de la legislación brasileña de derechos humanos, como en tratados internacionales de los que Brasil es signatario.

Y la indiferencia es solo el comienzo. Aquellos monstruos humanos se formaron en las prisiones por acción de fiscales y jueces, en principio, convictos de la razón dada a sus actos por los autos de los procesos. Y listo, se acabó. Que pase el siguiente.

De ahí resulta que las condenas en Brasil son mentirosas. La ley y las sentencias se refieren a años de reclusión.

El cumplimiento de las penas incluye, por lo tanto, otra condena implícita en la primera y no declarada, por lo tanto, ilegal: la pena cronológica de muchos miles será cumplida en las condiciones más degradantes, físicas y morales. La peor condena, el mayor sufrimiento, eso no está en la sentencia.

Decía hace poco Gilmar Mendes: "[...] esas cárceles en las que los presos hacen sus necesidades unos sobre otros", son palabras de un ministro del Supremo Tribunal Federal.

Gilmar Mendes a quien se le debe, por otro lado el programa de inspección de prisiones y verificación de penas cumplidas, una tarea que llevó a representantes del Consejo Nacional de Justicia a revelar lo que sucedía en la cárcel de Maranhão.

En contrapartida a las palabras y medidas de Gilmar Mendes, también hace poco tiempo decía un ex juez de segunda instancia en un comentario en la radio, sobre determinados presos: "[...] finalizada la rehabilitación..." haya hipocresía.

En las prisiones hay muchos monstruos humanos, para quienes es difícil tener alguna piedad. Pero otros tantos son solo humanos, humanamente criminales.

Igualarlos en la perversidad de la doble condena es degradante y es un terrible injusticia en nombre de la justicia. Es hora de preguntarse si la degradación, en esas circunstancias, alcanza solo a los que están dentro de las cárceles.

Traducido por NATALIA FABENI

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