Editorial: ¿Prisiones para quién?

14/01/2014 - 11h43

¿Para qué sirven las prisiones?

La pregunta necesita ser tomada en serio. Debería ser el punto de partida de toda discusión seria respecto del sistema carcelario brasileño. De esa respuesta depende poder encaminar soluciones para las monstruosidades registradas en Pedrinhas, la cárcel más grande del estado de Maranhão.

Hasta el siglo XVIII prevalecía la noción de que la finalidad de las sanciones penales era hacer que el criminal pague por sus actos delictivos. Reglas como "ojo por ojo, diente por diente" o castigos físicos infringidos en las mazmorras medievales constituían solamente desdoblamientos de esta tesis.

Desde ese punto de vista, quien todavía hoy niega derechos humanos a los delincuentes tal vez entienda que nadie debería preocuparse con las atrocidades que suceden dentro de las cárceles, los maltratos serían una especie de "bonus" no previsto en el Código Penal.

Pero entre los 548.000 individuos -hacinados en un espacio que tiene lugar para 310.000-, bajo la custodia del Estado brasileño, 195.000 son presos provisorios, es decir, que no tienen condena definitiva. Además, se estima que más del 5% son indebidamente encarcelados.

Incluso si la tortura fuera aún aceptable en las democracias actuales, sería necesario reconocer que, en las prisiones brasileñas, ni siquiera los que pueden ser inocentes están a salvo de esas atrocidades.

La humanidad, felizmente, avanzó mucho desde el final de la Edad Media. El Estado moderno no renuncia -por lo menos en teoría- a proteger los derechos humanos de todos los individuos, sin distinción.

En lo que respecta a las sanciones penales, también hubo progresos notables. En cuanto a los castigos, se han añadido tres funciones: evitar nuevos daños a la sociedad, disuadir a otros de cometer un delito y resocializar al delincuente.

No es necesario un gran esfuerzo para notar que el sistema carcelario brasileño es más medieval que moderno.

Los castigos, en el día a día de la cárcel, extrapolan lo aceptable y no guardan proporción con el crimen cometido. Hace ya mucho tiempo que el horror de las cárceles aparece descripto en informes de la ONU y del Consejo Nacional de Justicia, pero el video difundido por Folha con imágenes de Pedrinhas mostró que cualquier adjetivo es un mero eufemismo.

Es surrealista esperar una resocialización, después de pasar una temporada en una institución más propensa a sacarles a los prisioneros lo que les resta de humanidad, que otra cosa. Las cárceles parece que son escuelas del crimen y se estima que más del 60% de los detenidos va a reincidir y volverá a ser encerrado.

Frente a una reincidencia tan elevada, suena infantil hablar de disuasión. Por otra parte, la certeza de la condena se presta más a este propósito que la gravedad de la pena. En Brasil, sin embargo, menos del 10% de los homicidios terminan con el asesino en prisión.

Le correspondería a la cárcel la función de alejar a los criminales de la sociedad, protegiendo a los demás ciudadanos. Pero ni siquiera eso sucede. Desde el interior de las celdas parten órdenes para ejecutar acciones criminales en las calles, como el cruel ataque que mató a Ana Clara, de 6 años, en el área metropolitana de São Luís.

Las prisiones, como se ve, sirven para poca cosa, o para casi nada.

Es ahora un momento oportuno para discutir una reorientación radical del sistema. Folha viene defendiendo desde hace más de diez años que las penas privativas de la libertad deberían estar reservadas a aquellos delincuentes violentos o que representen una amenaza grave por sus crímenes.

La tesis puede causar sorpresa, pero su fundamento es racional. Se basa en el principio de que el encarcelamiento solo es necesario con el fin de apartar a los individuos violentos de la sociedad, por la amenaza que representan; en los demás casos, los objetivos de la pena deberían ser logrados con medidas de naturaleza menos medieval.

La pena podría ser una multa, restricciones de derechos (impedimentos para viajar o de exceder una actividad, por ejemplo) y sanciones alternativas, pero suficientemente duras y proporcionales al delito cometido.

Además de implicar a una retribución social inexistente en la prisión, las penas alternativas, según varios estudios, son mucho más eficientes en la prevención de la reincidencia, con una tasa de recurrencia que va entre el 5% y el 12%.

El costo es también mucho menor. Un preso común cuesta, por lo menos, 10.200 dólares por año (sin tener en cuenta en ese valor la construcción de prisiones, que demanda 14.000 dólares por lugar). El gasto anual con una pena alternativa puede ser inferior a los 211 dólares por persona.

Pero hay otra ventaja: la reducción de la población carcelaria, con lo que se torna más fácil controlar a los presos. Como resultado, las pandillas se verían afectadas, ya que el hacinamiento los beneficia. Hoy en día, los individuos considerados poco peligrosos terminan, voluntariamente o por la fuerza, haciendo lo que los "jefes" quieren dentro de las cáceles.

Por lo tanto, no hay ninguna razón para mantener el sistema penitenciario brasileño sin cambios. Desde un punto de vista pragmático y filosófico o desde la perspectiva de los derechos humanos, sobran motivos para que el país inicie un nuevo debate sobre el tema.

Traducido por NATALIA FABENI

Lea el artículo original

Douglas Júnior - 09.out.13/O Estado do Maranhão

Las cárceles en Brasil sirven para poca cosa, o para casi nada