Opinión: Lo único que falta es mandar a matar

27/11/2015 - 13h29

La pandilla del senador Delcídio Amaral (del Partido de los Trabajadores) y del banquero André Esteves (del banco BTG Pactual) se proponía engañar al Supremo Tribunal Federal y el juicio de la operación Lava Jato (que investiga la corrupción en Petrobras), armar la fuga de un condenado y corromper a quien fuera un impedimento para tales planes. Desviaba, además, documentos confidenciales de la investigación (¿comprados?) y traficaba influencia. Todo eso para encubrir los robos masivos en el mundo del petróleo estatal y paraestatal.

Este brazo de la mafia planeaba más crímenes para este noviembre, 20 meses después del inicio de la operación Lava Jato, aún después de las prisiones y condenas al por mayor. Es decir, se creían impunes. 

Es razonable suponer que hay un alto riesgo de que otra pandilla -o alguna figura prominente, y tal vez psicópata, del mundo Lava Jato- haya entrado en acción para enterrar delitos. Tal vez literalmente. Dado el nivel de sordidez al que ya se ha descendido, ahora sólo falta que alguien mande a matar algún testigo, policía, procurador o juez. 

Resulta más que evidente el modo en que un programa de intervención económica creó las condiciones para nuestra precoz maldición del petróleo, aún antes de contar con suficiente petróleo. Se trata, claro, del plan iniciado en el gobierno de Lula y ejecutado bajo Dilma Rousseff de reinventar la rueda de la pudrición, una parodia grotesca, aunque reducida, del "desarrollismo" de la dictadura de Ernesto Geisel.

Antes de que los fanáticos de los debates binarios en las redes sociales protesten, no se trata de condenar en general las políticas industriales; el gran sector privado, basta ver los grandes bancos del mundo, comete delitos puramente privados. Dicho esto, hay que notar que las intervenciones, modelos y leyes petroleras de inspiración de la presidenta Rousseff son parte del menú ya histórico de fracasos, ineptitud y creación de ambientes propicios para la corrupción. 

Las políticas que crean seudomonopolios u oligopolios, con reservas de mercado, proteccionismos y exigencias irrealistas de producir con contenido nacional, degeneran en cajas negras. En ambientes oscuros, sin competencia, propicios para el virus de la corrupción, del soborno, del tráfico de influencias. Tramas que favorecen -en lo que hay de menos nocivo, aunque aún así grave- el desperdicio de recursos escasos y de energía productiva en negociaciones de favores con el poder público. 

Uno de esos polos de descalabro y ejemplo concentrado de los errores hasta aquí listados fue Sete Brasil, empresa de la que es socia el BTG Pactual, banco de André Esteves, además de Bradesco, Santander, la propia Petrobras y fondos de pensión. Hay que decir que el negocio del que se acusa a Esteves por ahora no tiene nada que ver con Sete Brasil.

Sete fue creada para contratar la construcción y la operación de plataformas de explotación y perforación de petróleo para Petrobras por un valor de 30.000 millones de dólares. Dependía de una línea de crédito del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) para mantenerse en pie. Los astilleros pagaban comisiones a la gente de Sete y a políticos para conseguir contratos, uno de los grandes canales por los que circulaba el dinero de Lava Jato, pero ni de lejos el único. 

Este sistema tiene que ser desarticulado. Colonizó al Estado, colocó corruptos en todos los estratos de la elite política hasta el centro; se atrincheró para defenderse y, para ello, transformó a los ciudadanos en rehenes del robo masivo, paralizando la economía y al gobierno de Brasil.

Traducido por CARLOS TURDERA

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