Cerca de las 23h del 13 de diciembre de 1968, en el Palacio de las Laranjeiras, en Río, Gama e Silva, ministro de Justicia, y el locutor Augusto Curi anunciaron el texto del Acta Institucional nº 5, el AI-5, el decreto más radical de la dictadura militar, que completa medio siglo el día 13.

Minutos antes, Gama e Silva había participado en una reunión con el presidente de la República, Costa e Silva, y los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). En aquel encuentro, el gobierno federal había sacramentado las medidas del decreto.

Cuatro años y ocho meses después del golpe de 1964, comenzaba el período más duro de la dictadura. El AI-5 confería al presidente poderes casi ilimitados, como cerrar el Congreso Nacional y demás casas legislativas por tiempo indefinido, y casar mandatos.

También podría suspender derechos políticos y despedir o jubilar a los funcionarios públicos. Además, se suspendía la garantía del habeas corpus en casos como crímenes políticos. Ninguna de estas medidas estaba sujeta al examen de la justicia.

Los documentos redactados por los militares e informes de la Comisión Nacional de la Verdad muestran que el endurecimiento promovido por el AI-5 afectó al menos a 1.390 brasileños hasta el 31 de diciembre de 1970, en diversos sectores y diferentes niveles de la vida pública del país.

Se vieron afectados desde senadores a porteros, de jueces a fontanero. Folha recopiló los datos que constan en papeles guardados en el Archivo Nacional, en Brasilia, y producidos por el extinto CSN, órgano de asesoramiento directo del presidente (formado por los ministros y por los principales jefes militares), y por el Ministerio de la Aeronáutica.

"Hubo una gran desmotivación para la juventud, el sentimiento de 'podemos cambiar el mundo' se perdió", cuenta David Lerer, en la época, diputado federal inhabilitado.

^{Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA}

Lea el artículo original