Casi un año después de que el TSE (Tribunal Superior Electoral) prohibiera los envíos masivos con fines políticos, la industria de la mensajería electoral a través de WhatsApp y la extracción de datos personales de los votantes a través de Instagram y Facebook sigue funcionando.

La investigación de Folha y las denuncias de candidatos a concejal muestran que, con el objetivo de influir en los votantes a través de las redes sociales, al menos cinco empresas están ofreciendo estos servicios a candidatos a ayuntamientos y alcaldías en las elecciones de 2020.

Las empresas y candidatos que disparen masivamente o utilicen registros de contacto de votantes sin autorización pueden ser multados y, dependiendo de la magnitud del uso de estas herramientas ilegales, también investigados por la judicia electoral, que en última instancia puede anular la candidatura.

Hasta el año pasado, los envíos masivos a través de WhatsApp con fines electorales no estaban prohibidos salvo que se utilizara una lista de contactos no cedidos voluntariamente, se usara para difundir ataques o noticias falsas contra candidatos o en el caso de no declararlo al TSE como gasto de campaña.

En noviembre de 2019, una resolución del TSE prohibió cualquier envío masivo de contenido electoral.

Además, determinó que los mensajes políticos sólo pueden enviarse “a direcciones registradas gratuitamente por el candidato, el partido político o la coalición, sujeto a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos sobre el consentimiento del titular”.

_{Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA}

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