Brasil tiene un creciente número de normativas que buscan restringir los derechos de las personas trans. Según un análisis de Folha, hay al menos 77 leyes municipales y estatales anti-trans en vigor en 18 estados —más de un tercio de ellas entraron en vigencia el año pasado.

Los defensores de estas leyes niegan que tengan un carácter anti-trans, afirmando que ayudan a proteger los derechos de niños y mujeres, así como a preservar la libertad religiosa. Por otro lado, los expertos sostienen que estas normativas promueven la institucionalización de la transfobia y pueden estimular la violencia contra uno de los segmentos más marginados de la población.

Gran parte de esta legislación prohíbe el uso del llamado lenguaje neutro o impide los debates sobre la temática de género en las escuelas, contradiciendo decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF). Al menos 11 leyes anti-trans ya han sido declaradas inconstitucionales por la Justicia.

También existen restricciones al uso compartido de baños y a la participación de deportistas trans en competiciones deportivas. Otras normativas prohíben a niños y adolescentes trans acceder a ciertos servicios de salud y participar en Desfiles del Orgullo LGBTQIA+. Además, hay reglas que buscan censurar materiales publicitarios con contenidos alusivos a la diversidad de género.

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