El 4 de abril, los inspectores del Ibama pusieron en marcha una serie de medidas en el sur de Pará para evitar que la pandemia llegase a tierras indígenas, donde se registraron las primeras muertes de Covid 19 y la destrucción de los bosques por parte de ​​mineros y madereros ilegales.

A la cabeza de las operaciones para combatir los delitos ambientales estaban Renê Luiz de Oliveira y Hugo Ferreira Netto Loss, de la Coordinación General de Inspección Ambiental. Destruyeron la maquinaria utilizada por los invasores y expulsaron a los mineros y madereros de las Tierras Indígenas Araweté (del pueblo Araweté y pueblos indígenas aislados del Igarapé Bom Jardim), Apyterewa (del Parakanã) y la Fosa de Bacajá (de los Kayapós y Xikrin), donde viven 1.700 indígenas.

La eficiencia de estos funcionarios en el combate a la minería ilegal, la deforestación criminal, el tráfico de animales y otros delitos ambientales tuvo la siguiente consecuencia: el 30 de abril, el Ministro de (destrucción) del Medio Ambiente, Ricardo Salles, destituyó a estos funcionarios, que solo estaban cumpliendo su obligación

Más tarde, el 6 de mayo, el presidente Jair Bolsonaro firmó el Decreto 10.341 / 2020, declarando que “las agencias federales y las entidades públicas para la protección del medio ambiente serían coordinadas por el Ministerio de Defensa. La traducción práctica de ello es que la inspección ambiental en toda la Amazonía Legal está ahora supeditada al Ejército. Asimismo, otro decreto presidencial prohíbe la destrucción de la maquinaria utilizada por mineros y madereros ilegales.

_{Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA}

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