Detenido el CEO de General Electric por fraude a la Sanidad de Río de Janeiro

05/07/2018 - 15h07

El CEO de General Electric para América Latina, Daurio Speranzini Junior, fue detenido el miércoles (4) en el marco de la Operación Resonancia, que investiga fraudes en licitaciones en la Secretaría de Sanidad de Río de Janeiro y el Into (Instituto Nacional de Traumatología), desde 1996.

El mandato de prisión menciona principalmente hechos relacionados durante el período en el que ocupaba el puesto de CEO de Philips Medical en Brasil (hasta 2010) y tras asumir la dirección en la GE.

	Foto: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress
	El CEO de GE para América Latina, Daurio Speranzini Junior

Asimismo, hay también una orden de arresto provisional contra otro ejecutivo de Philips Brasil de la misma época: Frederik Knudsen.

El Ministerio Público Federal además solicitó una orden de registro en la sede brasileña de Johnson & Johnson, sin embargo, no fue autorizada.

La investigación es una derivación de la Operación Factura Expuesta, en la que fue detenido, en 2017, el exsecretario de Sanidad Sérgio Côrtes. El principal objetivo la operación era el empresario Miguel Iskin, sospechoso de ser el cerebro del cártel de equipamientos médicos en el seno del Into y de la Secretaría.

Según la acusación, Iskin cobraba una "comisión" del 13% encima de los valores de los contratos. No obstante, la comisión requerida a las empresas internacionales podía llegar hasta el 40%.

De acuerdo con la Fiscalía, el responsable de "diseminar las prácticas delictivas" en Philips fue el exsocio de Dixtal, Albert Holzhacker, que también se encuentra bajo arresto.

Ya la empresa Johnson y Johnson consta como sospechosa de haber participado en el cártel hasta 2014.

La estructura del cártel fue detallada por dos empresas en un acuerdo con el Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica). La diligencia llegó a una lista de al menos 70 licitaciones que podían haberse visto comprometidas por el cártel y en las que intervinieron 37 empresas.

La estimación, considerada conservadora por las autoridades, es de que los daños a las arcas públicas asciendan a R$ 600 millones (US$ 154 millones).

La GE afirma que no es objeto de investigación y que se encuentra actualmente a disposición de los investigadores. Por su parte, Philips informa que no tuvo acceso al proceso, pero que está cooperando con las autoridades. Ya Johnson & Johnson Medical Devices Brasil asegura que sigue rigurosamente las leyes del país y que está colaborando.

La defensa del ejecutivo Daurio Speranzini Junior no atendió las llamadas de Folha.

Traducido por AZAHARA MARTÍN

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