Indios, diputados y empresarios se movilizan ante un nuevo conflicto de intereses en cuanto a la explotación de territorios indígenas en Brasil.
El sector privado vive con la expectativa de nuevos negocios desde que el presidente electo, Jair Bolsonaro (PSL), se manifestó a favor de dar más autonomía a los indios en el uso de sus tierras y de no deslindar nuevos territorios.
En el Congreso, diputados del sector agroindustrial aceleran la salida de proyectos que amplíen el uso de estas tierras, pero sufren la resistencia de líderes indígenas, que también están detrás de oportunidades.
Bolsonaro sugirió a los indios utilizar las reservas para conseguir beneficios de hidroeléctricas, y un grupo de empresas nacionales y extranjeras prepara una propuesta de proyecto de ley para intentar viabilizar la actuación en áreas indígenas.
La idea, dice un ejecutivo de la francesa Engie, es que los indios afectados tengan derecho a un porcentaje de los ingresos de las nuevas hidroeléctricas.
El artículo 231 de la Constitución asegura a los indios el derecho sobre las tierras, pero no hay una reglamentación formal sobre cómo consultarlos en una eventual explotación, ni los términos para compensarlos.
Brasil tiene, de acuerdo con el Instituto Socioambiental, 721 áreas ocupadas por pueblos indígenas reconocidas por el Estado.
Para las organizaciones no gubernamentales, el perfil socioeconómico de los indios no puede ser comparado con el de la población en general y la prioridad en las tierras debe ser la preservación, no los negocios.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA