3 de los 5 expresidentes vivos de Brasil han sido imputados como consecuencia de la Operación Lava Jato y sus subsecuentes procesos.
Dilma Rousseff (PT) fue denunciada el viernes (23), junto al también expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, acusada de pertenecer a una organización que habría recaudado R$ 1.480 millones (US$ 391 millones) en comisiones ilegales, entre 2002 y 2016. Estas comisiones habrían sido pagadas por medio de contratos de Petrobras, BNDES y el Ministerio de Planificación.
Sobre Lula, que se encuentra en prisión desde abril por el caso del tríplex en Guarujá (SP), recaen otros dos procesos en la Justicia Federal de Paraná, y tres en el Distrito Federal. El petista niega todas las acusaciones.
Otro exmandatario imputado es el exsenador Fernando Collor (PTC-AL), acusado también en el marco de la Lava Jato por los delitos de corrupción pasiva, organización criminal y blanqueo de dinero, relacionados con la empresa BR Distribuidora. Collor asegura que, "como ya hizo en el pasado, tendrá la oportunidad de comprobar su inocencia a lo largo del proceso".
El presidente de Brasil, de 1985 a 1990, José Sarney (MDB), fue denunciado por la Fiscalía General de la República en 2017, junto a senadores del MDB. Sarney está acusado de recibir recursos desviados de contratos de la compañía Transpetro, subsidiaria de Petrobras. El caso aguarda el análisis en el Supremo.
El tucano Fernando Henrique Cardoso llegó a estar en el punto de mira de otra causa derivada de la delación del constructor Emilio Odebrecht, que declaró haber pagado "comisiones indebidas" para financiar la campaña de FHC a la Presidencia en los años 1990. No obstante, la Justicia archivó las diligencias debido a la prescripción de las "posibles irregularidades".
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA