Un estudio realizado por Folha revela que desde septiembre de 2017 se han registrado al menos 41 ataques a la libertad de expresión, incluyendo casos de censura y autocensura.
Se produjeron episodios en todas las regiones de Brasil. La mayoría se originó a partir de decisiones judiciales, pero también hubo situaciones derivadas de acciones policiales, fiscales y alcaldes, así como de instituciones privadas.
Uno de los casos más simbólicos de restricción a la libre manifestación del pensamiento fue una determinación del Tribunal Superior Electoral que prohibió la difusión de críticas del entonces candidato presidencial Jair Bolsonaro (PSL) al propio TSE.
Por 6 votos a 1, los magistrados del Tribunal ordenaron la retirada de 55 enlaces de internet de un vídeo en el que Bolsonaro arremetía contra la fiabilidad de las urnas electrónicas del país.
La presidenta del TSE, Rosa Weber, afirmó que las críticas son legítimas en un Estado democrático de Derecho, pero que hay límites. "Las críticas que buscan debilitar a la Justicia Electoral y, sobre todo, que buscan restar credibilidad van a chocar con los límites".
De acuerdo con Cristina Costa, coordinadora del Observatorio de Comunicación, Libertad de Expresión y Censura de la USP, hay en el país una cultura censoria, derivada del período colonial. "Antes incluso de tener universidades, editoriales y prensa, ya había censura", afirma Costa. "A principios del siglo XX estaba prohibido tocar la guitarra en ciertos lugares públicos", dice.
La cultura fue justamente uno de los principales objetivos de los atentados a la libertad de expresión, según el estudio de Folha. En São Paulo, una obra de teatro fue prohibida, un documental dejó de ser exhibido y se impidió la entrada de menores a una exposición, incluso acompañados de sus padres.
Ni siquiera el consagrado Cândido Portinari escapó de la saña censoria. El año pasado, el centro Santander Cultural canceló en Porto Alegre (RS) la exposición "Queermuseu", con 270 obras de arte, incluyendo un trabajo del pintor nacido en Brodowski (SP). La muestra abordaba la temática sexual y sufrió una avalancha de protestas en la red.
Durante el período electoral, el magistrado Luiz Fux del Supremo Tribunal Federal, prohibió a Folha entrevistar al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en la cárcel, a pesar de tratarse de una situación nada inusual.
En 2015, por ejemplo, con el aval judicial, el presentador Gugu Liberato entrevistó a Suzane Richthofen, condenada por el asesinato de sus padres, en el Complejo Penitenciario de Tremembé, en São Paulo. Para Fux, la divulgación de la entrevista a Lula "podría causar un alto riesgo de desinformación".
La semana pasada, la Justicia Electoral llevó a cabo una serie de acciones en las universidades, provocando la indignación de entidades como la OAB (Orden de los Abogados de Brasil) y Andifes (Asociación Nacional de los Dirigentes de las Instituciones Federales de Enseñanza Superior).
Los fiscales entraron en las clases para averiguar su contenido ideológico, pancartas, adhesivos e incluso panfletos en defensa de la democracia fueron confiscados por la Justicia Electoral en varios estados. El Supremo Tribunal Federal reaccionó, suspendiendo por unanimidad las decisiones de la corte electoral.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA