Un decreto firmado por el presidente interino de Brasil, Hamilton Mourão, altera las reglas de aplicación de la LAI (Ley de Acceso a la Información) y permite que ocupantes de cargos comisionados de la gestión, en muchos casos sin vínculo permanente con la administración pública, puedan clasificar datos del Gobierno Federal como información ultrasecreta y secretas -aquellas bajo un grado máximo de secreto de 25 años y 15 años, respectivamente.
El texto de la gestión de Jair Bolsonaro, publicado en la edición del Diario Oficial de la Unión del jueves (24), amplía el número de autoridades que pueden hacer que la información esté protegida durante 25 años. De acuerdo con el texto anterior, esa clasificación sólo podía ser hecha por el presidente, el vicepresidente, ministros de Estado, comandantes de las Fuerzas Armadas y jefes de misiones diplomáticas o consulares permanentes en el exterior.
A partir de ahora, el decreto que entró en vigor el jueves (24) autoriza también a hacerlo a los asesores elegidos a dedo del Grupo-DAS de nivel 101.6 o superior, entre los más altos del Ejecutivo. Pueden ocupar este cargo funcionarios públicos o no, que ejercen funciones de dirección o asesoramiento con una remuneración mensual de R$ 16.944,90 (US$ 4.526). Según el Ministerio de Planificación, hay al menos 206 cargos de esta naturaleza en la administración actualmente.
Además, a su vez, las autoridades pueden delegar en dirigentes máximos de municipios, de fundaciones, de empresas públicas y de sociedades de economía mixta esta clasificación de documentos públicos de la esfera federal.
Representantes de entidades que militan por la transparencia en la administración pública criticaron los cambios. El expresidente de la Comisión de Ética de la Presidencia de la República Mauro Menezes, que ocupó el cargo de 2016 a 2018, calificó la enmienda como "deplorable". "El sistema de transparencia pública sufre un duro golpe con esta ampliación indiscriminada de los agentes capaces de imponer secreto sumarial a datos públicos".
El PSOL afirmó que entrará en el STF (Supremo Tribunal Federal) con una ADIN (Acción Directa de Inconstitucionalidad) pidiendo la nulidad del decreto. Además, el partido presentará un proyecto de decreto legislativo en la Cámara para respaldar el contenido del texto. "El decreto presidencial, en la práctica, vacía a LAI [ley de acceso], violando principios básicos de la Constitución Federal", reza el comunicado divulgado.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA