El Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) cumple 30 años de su fundación este viernes con una agenda compleja de combate a delitos ambientales, no obstante, desde la investidura del nuevo gobierno se encuentra sin rumbo.
En principio, las acciones del Ibama para este año se basarán en el recién concluido Diagnóstico de los Delitos Ambientales 2018, que identifica problemas nacionales y a nivel estatal.
La deforestación ilegal tiene lugar en todos los biomas del país, de las pampas a la catinga. Asimismo, son comunes en todo el territorio el tráfico de fauna silvestre y biopiratería.
Con respecto a los problemas estatales, los estados amazónicos continúan sufriendo con la deforestación -entre 2017 y 2018, desaparecieron 7.900 km² de bosque, el mayor nivel alcanzado en diez años, según el Inpe (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales).
En el Estado de São Paulo, los problemas incluyen la pesca predatoria en el litoral, el uso y fabricación ilegal de agrotóxicos, y el contrabando de caucho que es transportado hasta las grandes ciudades.
En el segundo mes de gobierno Bolsonaro, el Ibama está en compás de espera. Hasta ahora el cambio más significativos ha sido el nombramiento del nuevo presidente, Eduardo Bim, que trabajaba como fiscal de la Abogacía General de la Unión junto al Ibama.
El Ibama es probablemente el órgano público más criticado por Bolsonaro y es que en 2012 el mandatario fue penalizado con una multa de R$ 10 mil (US$ 2,6 mil) tras ser sorprendido pescando en un área protegida, en Angra dos Reis (RJ).
El mandatario acusó al organismo de fomentar la "industria de la multa", asegurando que hay un "interés especial" por parte de los agentes y criticó el proceso de licenciamiento que supuestamente presenta demasiados obstáculo.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA