El expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva fue condenado el miércoles (6) a 12 años y 11 meses de reclusión por los delitos de corrupción y blanqueo de capitales por el caso de la finca de Atibaia, localizada en el interior de São Paulo .
De acuerdo con un reportaje publicado por Folha, en enero de 2016, las obras de reforma de la propiedad que supuestamente usaba el exmandatario habían sido financiadas por la constructora Odebrecht.
La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, que sustituye al exjuez Sergio Moro en la 13ª Sala Federal de Curitiba (primera instancia). "Es un hecho que la familia del expresidente Lula frecuentaba asiduamente el inmueble y disfrutó de éste como si fuera suyo", reza la sentencia.
Las obras de la finca fueron pagadas por las empresas Odebrecht y OAS, y por el empresario José Carlos Bumlai, con recursos desviados de contratos de Petrobras, según la denuncia del Ministerio Público.
Las reformas se llevaron a cabo entre 2010 y 2014, iniciadas, por lo tanto, en el último año de la presidencia de Lula (2003-2010).
Esta condena se suma a la que ya cumple Lula desde abril del año pasado en Curitiba por una causa en el marco de la operación Lava Jato, concretamente por un piso, que también le atribuyen la propiedad, en el municipio de Guarujá, y que fue reformado por la constructora OAS. Lula recurre la sentencia en la tercera instancia.
OTRO LADO
La defensa del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva criticó el miércoles (6) la sentencia condenatoria contra el petista en el caso de la finca de Atibaia, y declaró que el veredicto refuerza "el uso perverso de las leyes y los procedimientos jurídicos para fines de persecución política".
Para el abogado Cristiano Zanin Martins, el fallo es una muestra de las "groseras violaciones a las garantías fundamentales" que sufre el expresidente, construidas con "fundamentación retórica", sobre la base del testimonio de delatores.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA