El poder económico de las empresas afectadas por la Operación Lava Jato ayudó a aquellos dueños y exempleados, que decidieron colaborar con la Justicia en los últimos años, a atenuar el rigor de las penas impuestas a partir de los acuerdos judiciales negociados con la Fiscalía.
En diversos casos, los acusados consiguieron rebajas pagando multas mayores, por encima de los valores exigidos inicialmente para asegurar la reparación de daños causados por los delitos que confesaron y la devolución de ganancias ilícitas del pasado.
Cinco años después desde que se diera inicio a la operación, desencadenada el 17 de marzo de 2014 por la Policía Federal, las condiciones acordadas con la mayoría de los delatores de la Lava Jato se mantienen en secreto.
Examinando procesos iniciados en Paraná y Río, Folha encontró información detalladas sobre cien colaboradores de la operación, incluyendo los términos que describen los regímenes de cumplimiento de las penas y la forma de pago de las multas.
Las penas previstas llegan a 30 años de reclusión en algunos casos, pero los acuerdos en general permiten que sean cumplidas en régimen domiciliario, por control electrónico. Apenas una parte del tiempo tiene que ser cumplida bajo algún tipo de restricción de libertad.
En la mayoría de los casos, este periodo representa menos de un tercio de la condena fijada en las negociaciones, y sólo en la fase inicial el delator debe permanecer en casa. En las demás, puede salir durante el día pero necesita recogerse por la noche o los fines de semana.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA