En una urbanización en Muzema, en Río de Janeiro, donde dos edificios colapsaron el pasado viernes (12), una placa advierte que a partir de enero, todos tenían que pagar una mensualidad de R$ 60 (piso) o R$ 100 (casa). Y R$ 1 extra por día de atraso.
Los inmuebles que se vinieron abajo estaban en situación irregular, como muchas de las construcciones en la misma área. Uno de los campos de actuación de la milicia es justamente la usurpación de tierras y la explotación inmobiliaria ilegal. Quien vive allí puede que no tenga que pagar IPTU (impuesto sobre el suelo), pero paga a los "dueños de la tierra", de acuedo con los residentes.
En enero, la operación Intocable alcanzó a líderes milicianos que controlaban Muzema y la vecina Río de las Piedras. Uno de ellos es el expolicía Adriano da Nóbrega, compañero de regimiento de Queiroz, exasesor del senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), investigado por la Fiscalía. El propio Nóbrega ya fue homenajeado por el hijo del presidente Jair Bolsonaro.
"Donde el poder público no actúa, actúa el poder paralelo", dice la abogada Maíra Lima Vieira. Después del temporal de días atrás que inundó la urbanización, llamó a órganos del Ayuntamiento para la retirada de fango y escombros que hoy continúan amontonados a cielo abierto.
Maíra cuenta que pagó R$ 200 mil por su inmueble. Otras unidades cercanas cuestan menos de la mitad de eso, precios por debajo del valor del mercado. Una táctica de los dueños de los terrenos es incentivar la ocupación de edificios aún en obras, para impedir posibles prohibiciones por parte de agentes públicos.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA