Los miembros del grupo de investigación de la Operación Lava Jato se movilizaron para hacer pública la información confidencial sobre la corrupción en Venezuela tras la sugerencia del entonces juez federal Sergio Moro, en agosto de 2017, según los mensajes privados intercambiados por los fiscales en aquella época.
Los diálogos, enviados por una fuente anónima a The Intercept Brasil y analizados por Folha y el medio digital, indican que el principal objetivo de la iniciativa fue dar una respuesta política al endurecimiento del régimen impuesto por el dictador Nicolás Maduro en el país vecino, incluso si la medida no tuviese efectos legales.
Los mensajes muestran que la Oficina del Fiscal General y el equipo de investigación de Curitiba pasaron meses trabajando en este proyecto, intercambiando información con los fiscales venezolanos perseguidos por Maduro y revisando las cuentas utilizadas por Odebrecht para pagar sobornos a los funcionarios del régimen en Suiza.
Los fiscales comenzaron a discutir el asunto la tarde del 5 de agosto de 2017, después de que Moro escribiera al jefe del grupo de investigación de Curitiba, Deltan Dallagnol, a través de la aplicación de mensajería Telegram.
"Tal vez sea conveniente hacer pública la acusación de Odebrecht sobre sobornos en Venezuela", escribió el juez. "¿Está aquí o en la Fiscalía General?"
En 2016, cuando decidió colaborar con la Lava Jato, la constructora Odebrecht reconoció haber pagado sobornos para hacer negocios en 11 países más allá de Brasil, incluida Venezuela, pero la información proporcionada por la empresa y sus ejecutivos se mantuvo confidencial por decisión del Tribunal Supremo Federal.
El acuerdo cerrado por Odebrecht, firmado con las autoridades brasileñas, con Estados Unidos y Suiza, establece que la información solo puede compartirse con investigadores de otros países si garantizan que no tomarán medidas contra la compañía y los ejecutivos que se convirtieron en delatores.
En respuesta a Moro, en 2017, Deltan informó que los fiscales buscarían una manera de sortear los límites del acuerdo y anunció la intención de presentar una demanda por el delito internacional de blanqueo. "Habrá críticas y un precio, pero vale la pena pagar por exponer y ayudar a los venezolanos", agregó el fiscal.
Moro respondió demostrando que estaba más preocupado por la divulgación de la información de Odebrecht que por la posibilidad de una demanda. "Inicialmente había pensado en hacerlo público", le escribió a Deltan. "Vosotros estudiad la viabilidad de la acusación”.
El fiscal entonces describió a Moro las opciones del grupo de investigación. "No se puede hacer público simplemente porque violaría un acuerdo, pero se puede enviar información espontánea [a Venezuela] y eso hace que haya alguna probabilidad de que en algún momento alguien pueda hacerlo público", dijo. "Al mismo tiempo, analizaremos si se puede interponer una denuncia".
Los miembros del grupo de investigación discutieron el tema de manera intensiva durante los días siguientes. Además del secreto impuesto a la información proporcionada por Odebrecht, existían dudas sobre la viabilidad legal de una acción que involucraba a autoridades extranjeras y sobre la instancia del Poder Judicial en la que debía tratarse el asunto.
Los miembros del grupo expresaron preocupación por los riesgos. "Se ve que allí es posible una guerra civil y que nuestra acción puede provocar más agitación social y más muertes", escribió Paulo Galvão. "Imagínate si encausamos y el loco ordena arrestar a todos los brasileños en territorio venezolano", dijo Athayde Ribeiro Costa.
Los diálogos obtenidos por Intercept sugieren que Deltan consideró exagerados los temores de colegas. "PG, con respecto al riesgo, es algo que los ciudadanos venezolanos deben considerar", escribió en respuesta al mensaje de Galvão. "Tienen derecho a sublevarse".
Para Deltan, los objetivos políticos justificaron la iniciativa. "No lo veo como una cuestión de efectividad, sino simbólica", dijo a sus colegas. "El propósito de priorizar [la causa] sería contribuir a la lucha de un pueblo contra la injusticia revelando hechos y mostrando que si no se exige responsabilidad es porque existe represión".
El fiscal dejó claro que Moro estaba con ellos y que su apoyo era importante para el proyecto. "Russo dice que aquí debemos estudiar la viabilidad. Es decir, él lo considera", dijo a través de Telegram usando el apodo que a veces usaban para referirse al juez.
Pero a los fiscales les resultó difícil hacer avanzar la idea y solo pudieron tomar medidas más decisivas cuando ya no podían contar con Moro, quien dejó el Poder Judicial el año pasado para hacerse cargo del Ministerio de Justicia bajo la gestión de Jair Bolsonaro.
Uno de los obstáculos que Lava Jato encontró fue la ausencia de interlocutores que seguían esta misma línea en Venezuela. Y es que con el endurecimiento del régimen de Maduro, la Fiscal General Luísa Ortega Díaz fue destituida y su sucesor fue visto con recelo por los brasileños.
Acusada de liderar un plan de extorsión junto a su marido, la fiscal abandonó Venezuela después de su destitución y buscó refugio en Colombia. Ella dice que fue perseguida por Maduro porque estaba investigando las relaciones de Odebrecht con el mandatario.
Unos días después de exiliarse, Ortega viajó a Brasil para ponerse en contacto con la Oficina del Fiscal General, con el objetivo de intercambiar información y, de acuerdo con los mensajes obtenidos por Intercept, encontrar formas de cooperar con la Lava Jato incluso después de su partida.
"Fuimos testigos de una violación institucional de la Fiscalía de Venezuela", dijo el Fiscal General Rodrigo Janot, cuando la recibió en Brasilia. "Sin independencia, la oficina del fiscal de nuestro vecino del norte ya no puede ... llevar a cabo investigaciones criminales o actuar en un tribunal con exenciones".
De acuerdo con los diálogos examinados por Folha e Intercept, el fiscal Vladimir Aras, que encabezó la Secretaría de Cooperación Internacional de la Fiscalía Federal, solicitó la ayuda de la Lava Jato para recibir a dos fiscales venezolanos que irían a Brasil en secreto para trabajar con ellos en el caso.
Dos miembros del grupo de investigación de Curitiba propusieron alojar a los colegas extranjeros en sus hogares durante unos días. Deltan incluso buscó la ayuda de Transparencia Internacional para financiar la estadía de la pareja en Brasil.
Los mensajes obtenidos por Intercept también sugieren que el paso de los venezolanos por Brasil fue visto como una oportunidad para filtrar información sobre la delación de Odebrecht en el país vecino.
"Querías filtrar cosas de Venezuela, este es el momento. La mujer está en Brasil", escribió el fiscal Paulo Galvão cuando la llegada de Ortega a Brasilia fue divulgada. Sus colegas reaccionaron con ironías, como si todo fuera una broma, pero la filtración ocurrió.
En octubre, unas semanas después de que los dos fiscales venezolanos visitaran Curitiba, Ortega publicó en su página web dos videos con extractos de declaraciones del exdirector de Odebrecht Euzenando Azevedo sobre las contribuciones hechas por el constructor a las campañas electorales de Maduro.
Los abogados de la compañía cuestionaron al grupo de investigación después de la filtración y el episodio fue discutido por el grupo en Telegram. El fiscal Paulo Galvão sugirió que Vladimir Aras u Orlando Martello podrían haber sido los responsables. "Nosotros no lo pasamos...", escribió Galvão a sus colegas. "Sólo si fue Vlad. U Orlando, escondido". Los dos eran miembros del grupo de mensajes, pero se mantuvieron en silencio.
Odebrecht le pidió al magistrado Edson Fachin, instructor de la Operación Lava Jato en el Supremo, que abriera una investigación sobre la filtración, no obstante, simplemente pidió una explicación al fiscal. Hace un mes, la fiscal general, Raquel Dodge, informó que hay una investigación en curso bajo secreto de sumario en la primera instancia de la Justicia Federal, en Brasilia.
Cuando Ortega tuvo acceso a la declaración de Euzenando, Venezuela tenía un acuerdo de compromiso firmado con Brasil para obtener información sobre la delación del exasesor del PT, João Santana. Pero el acuerdo no contemplaba acceso a la delación de Odebrecht, según informó la Oficina del Fiscal General a Folha. Los mensajes examinados por Folha e Intercept muestran que después del contacto con los venezolanos, los fiscales brasileños buscaron información sobre las cuentas que Euzenando y Odebrecht habrían utilizado para transferir en Suiza el equivalente a US$ 48 millones con ayuda de un abogado venezolano, entre 2008 y 2014.
Los diálogos indican que la información de Suiza hizo que la Lava Jato desconfiara del ejecutivo de la constructora, que habría admitido un volumen de recursos más pequeño que el indicado en las cuentas, pero sugiere que los nuevos datos ofrecieron contenido a la demanda que los fiscales comenzaron a planear en 2017.
Preocupada por el empeoramiento de la situación política en Venezuela, Transparencia Internacional defendió públicamente la apertura de una demanda contra las autoridades del país vecino en Brasil y discutió el asunto con el expresidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) durante un evento celebrado en su fundación.
"Al final, FHC vino a hablar conmigo y dijo que es una buena idea", dijo Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparency International en Brasil, en un mensaje enviado por Telegram a Deltan en octubre de 2017.
Los diálogos obtenidos por Intercept indican, sin embargo, que la iniciativa de la Lava Jato encontró resistencia este año en la Corte Suprema y en la Corte Federal de Paraná, en causas que aún se tramitan bajo secreto sumarial.
Según uno de los mensajes, el juez Luiz Antônio Bonat, que reemplazó a Moro en la instrucción de los procesos de la Lava Jato en Curitiba, dijo a los fiscales en abril de este año que el caso de Venezuela no está dentro de su jurisdicción porque no hay conexión con la corrupción de Petrobras.
El ministro y el grupo de investigación de la Lava Jato dicen que no reconocen la autenticidad de los mensajes
El ministro de Justicia, Sergio Moro, no quiso comentar el contenido de los mensajes intercambiados con el fiscal Deltan Dallagnol sobre un plan para tornar pública la información de Odebrecht sobre Venezuela que era confidencial en 2017.
Se ha limitado a reafirmar su postura de las últimas semanas, sembrando las dudas sobre la autenticidad de los mensajes obtenidos por el medio digital The Intercept Brasil y sugiriendo que pueden haber sido manipulados.
"El Ministro de Justicia y Seguridad Pública no reconoce la autenticidad de los supuestos mensajes obtenidos por métodos ilegales y que pueden haber sido manipulados total o parcialmente", de acuerdo con el gabinete de prensa.
"Incluso si los supuestos mensajes citados en el reportaje fueran auténticos, no revelarían ninguna ilegalidad o conducta poco ética, solo la violación repetida de la privacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con el objetivo de anular las condenas penales y evitar nuevas investigaciones".
El grupo de investigación de la Lava Jato en Curitiba siguió la misma línea. "El material presentado por el medio de comunicación no permite la verificación del contexto y la veracidad de los mensajes", dijo su asesor.
"La Operación Lava Jato se sustenta sobre la base de pruebas sólidas y denuncias constantes, ya analizadas por varios tribunales del Poder Judicial", agregó. "Los miembros del grupo de investigación llevan a cabo sus actividades profesionales y personales respetando la ética y la legalidad".
La Oficina del Fiscal General declaró que no manifestará sus puntos de vista al respecto, al igual que Odebrecht. La abogada Carla Domenico se negó a comentar las referencias al exdirector de la compañía Euzenando Azevedo, que colabora con la Lava Jato y es su cliente.
Transparency International informó que defiende las medidas para mejorar la cooperación legal internacional y las acciones de las instituciones brasileñas para responsabilizar a las autoridades extranjeras envueltas en tramas de corrupción como las reveladas en el marco de la Operación Lava Jato.
"Además de consolidar su liderazgo internacional para abordar la corrupción, [Brasil] puede establecer una importante jurisprudencia contra la impunidad en naciones institucionalmente frágiles, incluidas las dictaduras que usan sistemáticamente la corrupción para mantenerse en el poder", dijo la organización.
"El caso de Venezuela es quizás uno de los más graves en el contexto internacional de la Lava Jato, porque la reacción del gobierno local contra los fiscales responsables de las investigaciones de los delitos revelados por los brasileños fue tan extrema que tuvo como consecuencia el exilio de estas autoridades, con sus vidas y las de sus familiares amenazadas", agregó.
Por su parte, el expresidente Fernando Henrique Cardoso dijo que no recordaba la conversación en la que habría tratado el asunto de Venezuela con el director ejecutivo de Transparencia Internacional, Bruno Brandão, según los mensajes obtenidos por Intercept.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA