El pleno del Supremo (STF) suspendió el miércoles (7), por 10 votos a 1, el traslado del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a una cárcel de São Paulo después de que una autorización expedida por un tribunal menor provocase una oleada de críticas tanto de aliados como de opositores.
Lula se encuentra en prisión desde el 7 de abril de 2018 en una celda especial de la sede de la Policía Federal en Curitiba, y su traslado fue solicitado por el superintendente del órgano, Luciano Flores, alegando que la presencia del expresidente altera la rutina del edificio.
La jueza federal Carolina Lebbos decidió autorizar el traslado del petista a una unidad penitenciaria en São Paulo, su estado de origen.
Ya el juez Paulo Eduardo de Almeida Sorci, del Departamento de Estado de Ejecución Penal del Tribunal de Justicia de São Paulo, le adjudicó el centro de detención 2 de Tremembé, conocido como la "prisión de los famosos".
En la unidad se encuentran cumpliendo condena Suzane von Richthofen (condenada por el asesinato de sus padres), Alexandre Nardoni y Anna Carolina Jatobá (condenada por la muerte de Isabella Nardoni) y Gil Rugai (por la muerte de su padre y su madrastra).
La defensa de Lula recurrió la decisión y apeló a la Corte Suprema argumentando que era "irrazonable e ilegal" e implicaría "vulnerabilidad legal y personal" y que tenía derecho a permanecer en una sala de estado-mayor, un beneficio determinado por el primer juez que lo condenó, Sergio Moro, y que figura en la orden de arresto.
La autorización de traslado de Lula movilizó a los parlamentarios. Las principales críticas al fallo fueron vertidas por el presidente de la Cámara Rodrigo Maia y de parlamentarios de izquierda, del centro y del PSDB.
El presidente del STF, Dias Toffoli, dio prioridad en la agenda plenaria a la demanda de la defensa de Lula después de que una caravana de legisladores acudió a los tribunales para cuestionar la orden de traslado y presionar para que una medida fuese tomada con carácter de urgencia.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA