En Pará, reclusos decapitados. En Amazonas, obligados a comer los ojos de los muertos. En Roraima, con los corazones arrancados. Desde octubre de 2016, los grandes motines que han conmocionado a Brasil han acabado con la vida de casi 300 internos: el episodio más reciente fue en Altamira (AP), que dejó un saldo de 62 muertos. Hasta la fecha, nadie ha sido condenado por ninguno de estos delitos.
Un estudio realizado por Folha muestra que siquiera han sido concluidas las diligencias de los motines que han conmocionado al país en los últimos años, (como lo de RR, RO, RN y PA). Los casos que están en fases más avanzadas, cuyos procesos han llegado a los tribunales, son los referentes a TO y AM (aún sin imputados).
Los delegados y los fiscales citan una serie de dificultades para investigar tales casos, como el hecho de que internos se nieguen a testificar contra otros, la destrucción de pruebas y la dificultad de individualizar la conducta (saber quién hizo qué).
La oleada actual de matanzas en prisiones del país comenzó en 2016, según los analistas, tras la violación de un pacto de no agresión entre el PCC de la facción de São Paulo (Primer Comando Capital) y el CV de Río de Janeiro (Comando Rojo). El trasfondo de la guerra entre facciones es la disputa por las rutas nacionales del narcotráfico.
En octubre de ese año, en Boa Vista, miembros del PCC mataron a 10 reclusos pertenecientes al Comando Vermelho y la Familia del Norte (NDF). Hasta la fecha, la investigación policial no se ha completado.
Horas después, ocho internos fueron asesinados en Porto Velho. No hay imputados, según el fiscal.
En enero de 2017, miembros de la Familia del Norte mataron a 56 reclusos relacionados con el PCC de Manaos: en los videos grabados por los detenidos se pueden ver cabezas decapitadas.
En noviembre de ese año, el fiscal Edinaldo Aquino Medeiros denunció a 213 personas.
Actualmente, casi dos años después, el caso aún está esperando el resultado en la Corte. Según el Tribunal de Justicia de Amazonas, todos los testigos ya han sido escuchados y los acusados serán interrogados entre octubre y noviembre.
Debido a la demora, al menos 7 de los 213 acusados han muerto, algunos de ellos en otro gran motín que se produjo dos años después en un centro penitenciario de la misma ciudad.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA