El asesinato de la concejala Marielle Franco (PSOL) y su conductor Anderson Gomes cumple dos años este sábado (14) con una investigación, marcada por los conflictos políticos e institucionales.
Poco antes del final del primer año de la investigación, la policía anunció que había descubierto a los autores de los asesinatos, al mismo tiempo el presidente Jair Bolsonaro, el gobernador Wilson Witzel (PSC), la ex fiscal general de la República Raquel Dodge y miembros del Ministerio Público de Río de Janeiro intercambiaban acusaciones sobre los culpables y la gestión de la instrucción.
El motivo de los enfrentamientos gira en torno a la coordinación de las investigaciones que se centra en un posible asesinato por encargo. Y es que la investigación, bajo secreto de sumario, aún no ha descubierto al autor intelectual de los homicidios.
Marielle y Anderson fueron asesinados en una emboscada en el centro de Río de Janeiro el 14 de marzo de 2018, cuando el Estado se encontraba bajo intervención federal en seguridad pública cuya coordinación operativa dependía del Ejército.
Dos fueron acusados de llevar a cabo el crimen. El oficial Ronnie Lessa y el ex policía militar Élcio de Queiroz serán juzgados por un jurado popular en una fecha que aún no ha sido fijada. Detenidos en marzo de 2019, niegan su participación en los hechos.
Otros tres ya han sido investigados sospechosos de haber participado en el atentado contra Marielle: el concejal Marcelo Siciliano, el exconcejal Cristiano Girão y el exdiputado Domingos Brazão, un consejero retirado del TCE (Tribunal de Cuentas del Estado). Así como los detenidos, todos ellos niegan su participación.
La sospecha sobre Brazão se convirtió en el eje de la disputa entre Dodge y el Ministerio Público-RJ. La entonces Fiscal General de la República afirmó en una denuncia ante el STJ (Tribunal Superior de Justicia) que el exdiputado "elaboró el plan del asesinato de la concejala Marielle Franco y, para quedar impune, organizó la difusión de noticias falsas sobre los responsables del crimen.
Aunque apuntó al consejero suspendido como autor del atentado, Dodge no proporcionó pruebas al respecto ni lo acusó del delito de asesinato. La afirmación fue incluida en una denuncia por obstrucción a la justicia, por haber presentado un testigo falso en el inicio de la investigación en 2018.
La exfiscal también pidió al STJ que federalizara el caso, bajo la justificación de que la Policía Civil de Río de Janeiro era vulnerable a los intentos de interferir en la investigación. En el escrito, expuso un archivo de audio de una conversación entre dos investigadores en que insinúan que los acusados del crimen no eran los ejecutores reales.
La demanda sufrió una dura respuesta del Ministerio Público-RJ. En esta, se describe la demanda de federalización como un "capricho personal" basado en "me dijeron" y "chismes de pasillos de la cárcel".
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA