Aunque guardó silencio públicamente sobre el aborto legal al que sometió a la menor de diez años, original de Espírito Santo, que quedó embarazada tras violaciones sistemáticas, la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, intentó impedir que la menor fuera sometida a la intervención médica.
El operativo coordinado por la ministra tenía como objetivo trasladar a la menor de São Mateus (ES), donde residía, a un hospital de Jacareí (SP), donde esperaría la evolución del embarazo y tendría el bebé, pese a que la vida de la niña estaba en peligro.
Para ello, Damares envió representantes del Ministerio y aliados políticos a la ciudad de Espírito Santo que intentaron retrasar la interrupción del embarazo y, en una serie de reuniones, presionaron a los responsables que coordinaban el proceso, incluso llegando a ofrecer beneficios al consejo tutelar local.
La propia Damares participó en al menos uno de estos encuentros por videollamada, como muestran fotos obtenidas por Folha.
Personas involucradas en el proceso también afirman que los representantes de la ministra fueron los responsables de filtrar el nombre de la víctima a la activista Sara Giromini, que llegó a divulgar la identidad en redes sociales.
La exposición de la menor violó el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia, y convirtió a la familia de la víctima en blanco de amenazas y presiones.
El caso salió a la luz el 7 de agosto, cuando se reveló que la niña había quedado embarazada tras cuatro años de violaciones sistemáticas por parte de un tío no consanguíneo.
En el hospital se comprobó que cumplía las dos condiciones recogidas en el Código Penal brasileño para realizar un aborto legal: embarazo tras violación y riesgo de muerte (debido a su cuerpo infantil). El tercer supuesto en la que se puede interrumpir el embarazo dentro de la ley, introducida por el Tribunal Supremo Federal, es la anencefalia del feto.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA