El Ejército admitió que no pudo producir datos detallados sobre las armas en manos de los CAC (cazadores, tiradores y recolectores), un grupo que se beneficia de las normas editadas por el presidente Jair Bolsonaro que facilitan el armamento de la población.
El apagón se debe a la falta de estandarización del Sigma (Sistema de Gestión de Armas Militares), responsable de registrar los CAC. Estos representan más de la mitad de las armas registradas de Sigma: 884.000 de aproximadamente 1,5 millones.
En respuesta a una solicitud del Instituto Sou da Paz a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), el Ejército reconoce fallos, como la catalogación de morteros y cañones, que están prohibidos para los CAC. Cuestionado por Folha, la corporación informó que solo hablaría a través de la LAI.
En 2017, el Tribunal Federal de Cuentas ordenó la modernización de esta base de datos. Para los expertos, existe una clara resistencia para mejorar el rastreo de armas.
Tampoco ha progresado un plan para integrar el Sigma en un sistema al que accede la policía.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA