Las investigaciones de los fiscales de la Amazonia han registrado, en poco menos de dos años de trabajo, más de R$ 580 millones (US$ 134 millones) en pérdidas ambientales, al menos 84 personas han sido acusadas de delitos ambientales y la identificación de organizaciones delictivas que se dedicaban a la usurpación de tierras, corrupción en el interior de una agencia ambiental y minería ilegal .
El grupo de investigación, que comenzó en agosto de 2018 y tenía planeado llevar a cabo los trabajos en un periodo de 18 meses, no obstante, este plazo tuvo que ser ampliado un año más, según un decreto publicado en el Boletín Oficial Federal el viernes pasado (14) y firmado por el Fiscal General de la República, Augusto Aras.
El objetivo del grupo es facilitar el diálogo entre los fiscales que trabajan en el área ambiental y entidades como Ibama, la Policía Federal y el Ejército, y también ganar eficiencia, considerando que los delitos contra el medio ambiente van más allá del área amazónica.
Ana Carolina Haliuc Bragança, fiscal federal y coordinadora de fisacales de la Amazonia asegura que la deforestación mueve grandes sumas de dinero.
Por su parte, los miembros del gobierno de Bolsonaro, como el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles y, más recientemente, el ministro de Economía, Paulo Guedes, a menudo asocian, sin presentar datos, la deforestación con la pobreza de la región amazónica, pues según ellos, la tala es el resultado del hambre.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA