Cuatro de las seis tierras indígenas con presencia de indígenas aislados en la Amazonia protegidos por ordenanzas que restringen el uso del área tienen sus documentos caducados o con un período de vigencia considerado por los expertos insuficiente para garantizar su seguridad y su vida.
La renovación de estas ordenanzas solía hacerse cada tres años. Con el gobierno de Jair Bolsonaro (PL), la Funai (Fundación Nacional del Indio) adoptó, sin embargo, la política de prorrogar el documento sólo por seis meses. Las ordenanzas de restricción de uso sirven para proteger a los pueblos y territorios indígenas hasta su demarcación. Así, oficialmente, está prohibida la entrada o circulación de personas que no sean de la Funai. La Funai no respondió hasta la publicación de este texto.
El cambio en la administración de Bolsonaro en relación a los actos administrativos, que deben garantizar la seguridad de estos territorios, contradice la decisión del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso en el ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 709.
En agosto de 2020, debido a la pandemia, Barroso ordenó a la Funai tomar medidas para proteger a los indígenas aislados de todo el país. En la decisión, el magistrado afirma que, al "eliminar la protección territorial en tierras no autorizadas", refiriéndose a las barreras sanitarias, la Funai "da a entender a los invasores" que no habrá lucha contra las irregularidades y crea una "invitación" a la práctica de ilícitos "de todo tipo". Entre las zonas amenazadas se encuentran las tierras indígenas Ituna-Itatá, en el sur de Pará, y Piripkura, en Mato Grosso.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA