El Gobierno niega acceso a Folha y reitera blindaje de datos sobre la reforma de las pensiones

El MInisterio reiteró que la consulta está restringida a funcionarios y personal autorizado

Brasília

El Ministerio de Economía se negó el lunes (22) de nuevo a abrir los dictámenes y estudios técnicos en los que se basó la formulación de la propuesta de enmienda constitucional (PEC) de la reforma de pensiones. Como respuesta a un recurso de acceso a la información interpuesto por Folha, la cartera reiteró que la consulta de documentos está restringida a funcionarios públicos y autoridades debidamente autorizados.

El reportaje publicado el domingo (21) mostró que la Secretaría Especial de Seguridad Social y Trabajo, dependiente del Ministerio, blindó estos papeles.

La oposición se manifiesta contra la propuesta de la reforma de las pensiones durante una reunión ordinaria en la CCJC - ( Comisión de Constitución y Justicia y de la Ciudadanía ). Foto:Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - Pablo Valadares/Câmara dos Depu

La petición del periódico, formulada de acuerdo con la Constitución y la Ley de Acceso a la Información (LAI), tiene como objetivo conocer con más profundidad las estadísticas,  los datos económicos y sociales que sostienen el texto que está en trámite en el Congreso.

La solicitud fue enviada al Gobierno el 12 de marzo y negada el 15 de abril. Folha recurrió, argumentando que no hay justificación para la restricción del acceso a los datos que subsidian un proyecto ya presentado públicamente. También puntualizó que la población tiene derecho a conocer los argumentos técnicos que fundamentan cambios significativos que impactan directamente en su vida.

El lunes, al dar respuesta al recurso, la Secretaría de Seguridad Social reiteró que entiende que los documentos solicitados son preparatorios, o sea, usados ​​como fundamento de la "toma de decisión o de acto administrativo".

Sin embargo, el proyecto de enmienda ya fue editado por el Gobierno y enviado al Legislativo el pasado febrero. Es decir, desde entonces, su tramitación ya no es competencia del Ejecutivo.

Para Transparencia Brasil, organización sin fines de lucro que defiende el control social del poder público, la confidencialidad de datos sólo tenía sentido antes de que el texto fuera enviado al Congreso.

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

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