En las elecciones del domingo, el psicólogo Emerson Ferreira, de 32 años, ejercería su derecho al voto por primera vez en más de diez años. Y es que fue detenido a los 19 años y condenado a ocho de prisión por tráfico de drogas, así que sus derechos políticos fueron suspendidos durante el tiempo de reclusión.
Decidido a cambiar su vida al final de su condena, Emerson sabía que enfrentaría las dificultades típicas de los ex reclusos: desconfianza, prejuicios y falta de oportunidades.
Pero no contaba con algo que pondría en peligro la recuperación de sus derechos políticos y algunos derechos civiles: una multa.
"Un alguacil vino con un periódico hablando de esa multa", recuerda, ahora licenciado en psicología y director de la ONG Reflexões da Liberdade.
"Entonces comprendí que era una cantidad que debía al Estado. Ascendía a R$ 17 mil y pensé: ¿qué voy a hacer para pagarlos? ¿Robar?"
“La pena de multa se extiende a la vida civil del individuo, arrebatándole la ya extremadamente difícil posibilidad de reinserción, del pleno ejercicio de la ciudadanía”, dice la abogada Marina Dias Werneck, del Instituto de Defensa de la Defensa.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA