El bajo crecimiento de la economía brasileña, y su consecuente aumento de la pobreza, y la urgencia de reforzar programas sociales específicos ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar el destino de miles de millones de reales de incentivos empresariales considerados ineficientes y concentradores de ingresos.
De hecho, este año, Brasil ya no recaudará cerca de R$ 310 mil millones (US$ 56.930 millones) de beneficios fiscales dados a empresas y sectores. Sumado a otros incentivos crediticios (R$ 26 mil millones- US$ 4.600 millones- en 2020), el monto equivale a casi diez veces el programa social Bolsa Família, la principal ayuda para combatir la pobreza extrema.
El total también se acerca a todos los sueldos y cobros de los funcionarios públicos activos e inactivos (R$ 335,4 mil millones- US$ 61.630 millones-), el segundo mayor gasto directo del Gobierno Federal, detrás de la Seguridad Social (alrededor de R$ 700 mil millones- US$ 128.000 millones-).
Los especialistas defienden que parte del dinero de los beneficios debe destinarse al fortalecimiento de los programas sociales, especialmente los dirigidos a la primera infancia, para romper el ciclo de pobreza intergeneracional, que lleva a los hijos de padres pobres a convertirse, en el futuro, en padres de menores pobres.
También dicen que es fundamental una reforma administrativa que reduzca el peso de los funcionarios públicos en el gasto federal, dejando espacio en el Presupuesto para inversiones y programas de ingresos específicos.
Los beneficios fiscales, financieros y crediticios a sectores y empresas se duplicaron durante las administraciones de Lula y Dilma Rousseff (2003-2016) y hoy representan casi el 4,5% del PIB.
Aunque el gobierno de Jair Bolsonaro ha prometido reducirlos, hasta ahora no ha habido cambios significativos.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA