El gobierno de Jair Bolsonaro comenzó a rechazar los fondos recaudados a partir de infracciones laborales, utilizados para equipar a los grupos de inspección del propio gobierno, y determinó que estos montos y bienes sean destinados al FDD (Fondo de Defensa de los Derechos Difusos) o al FAT (Fondo para apoyo a los trabajadores).
Este cambio de destino debilita la inspección laboral debido a la dependencia de los departamentos de bienes, servicios y obras previstas de los TAC (términos de ajuste de conducta) firmados por el Ministerio Público de Trabajo (MPT).
La medida puede llegar a paralizar las inspecciones de trabajo infantil y esclavo, además de los accidentes laborales.
El Ministerio de Trabajo en un oficio ya ha avisado a los departamentos responsables de la "imposibilidad de recibir bienes o recursos financieros derivados de TAC o aplicación de multas".
Por su parte, los inspectores reconocen que, sin los recursos, las unidades en áreas aisladas prácticamente no tienen capacidad de actuar.
Para cambiar el destino de los fondos y activos previstos en los TAC del MPT, el Ministerio de Trabajo utilizó dos pareceres jurídicos elaborados por el gobierno de Bolsonaro.
La Justicia ve ilegalidad en la reasignación de los recursos. No obstante, el Ministerio de Trabajo dice que las inspecciones están garantizadas con fondos del Presupuesto.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA