Miles de millones en obra pública anclados en enmiendas en la Cámara, sin ningún tipo de transparencia ni racionalidad. Áreas técnicas de los organismos reguladores ocupadas por indicaciones políticas a dedo del gobierno y su base de apoyo, avaladas por el Senado. Empeoramiento ininterrumpido de los indicadores de degradación ambiental en la Amazonia, con el apoyo declarado de los ministros y el presidente Jair Bolsonaro (PL).
Estos son algunos de los temas que han llegado a mencionar los inversionistas en reuniones donde analizan la intención de invertir en proyectos de largo plazo en Brasil. Especialmente para los relacionados con infraestructura y concesiones, que presuponen un vínculo con el poder público.
Según Claudio Frischtak, socio y gerente de Inter B Consultoria Internacional de Negócios, especializada en el área, estos elementos ahora se suman a viejos problemas que ya estaban sobre la mesa y no fueron resueltos: inseguridad jurídica, alta y caótica tributación, limitaciones crediticias, además de los riesgos cambiarios y fiscales.
Para complicar las cosas, el Gobierno redujo la inversión en infraestructura, considerada un inductor de la inversión privada, y entregó parte del presupuesto al Congreso.
"En los últimos tres años, Brasil sufrió una destrucción de reputación en el exterior por no poder seguir el ritmo del cambio de mentalidad que se está produciendo en los negocios", dice. "Empresas, fondos de inversión y de pensiones, importantes inversores a largo plazo, están incluyendo el medio ambiente en el análisis del retorno de la inversión. Cualquiera que insista en ignorar esto vive en otro planeta".
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA