El año 2021 es crucial para que Brasil se reposicione en la agenda climática global. Los días 22 y 23 de abril, el país participa en la Cumbre de Líderes organizada por Estados Unidos, que precede a la 26ª Conferencia de las Partes sobre el Clima (COP26) en Glasgow a finales de año. La pregunta central que debe responderse es si el gobierno actual podrá reescribir la historia de los últimos dos años o si la nueva retórica de las buenas intenciones es solo para desbloquear recursos de la cooperación internacional y mantener todo como está.
Primero, para analizar el esfuerzo del país, es necesario observar los hechos. En marzo de 2021, el Instituto de Investigaciones Espaciales (Inpe), detectó el mayor nivel de deforestación en la Amazonia en los últimos seis años en el mismo período. Además, el recién lanzado Plano Amazônia 2021-2022, del Consejo Nacional para la Amazonia Legal, propone una meta de deforestación un 16% superior a la deforestación registrada el año anterior a la investidura de Bolsonaro.
En los últimos días, Ibama e ICMBio han publicado una instrucción normativa que dificulta aún más la sanción de los delitos ambientales. Y el 14 de abril, el jefe de la Policía Federal en el Estado de Amazonas acusó formalmente al ministro de Medio Ambiente y al Presidente del Ibama de interferir en la investigación del mayor decomiso de madera ilegal de la historia de Brasil, supuestamente para proteger los intereses privados de las empresas involucradas.
Luego, es importante analizar las principales medidas propuestas por el Gobierno a los socios internacionales con la promesa de reducir la deforestación. Son: la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública - que incluye policías militares de los estados de la Federación - en operaciones de combate a los delitos ambientales, y un nuevo programa de pagos por servicios ambientales. A corto plazo, estas medidas pueden incluso tener un efecto disuasorio. Pero no cambian el curso de la destrucción y pueden empeorar la situación.
La primera propuesta refuerza el movimiento del Gobierno Federal para sobreestimar el papel de los policías militares en detrimento de los órganos de inspección ambiental, que tienen la capacidad técnica y competencia legal para actuar en la lucha contra los delitos ambientales. El proyecto de ley 6.289 / 2019 que propone incluir a la Policía Militar en el Sisnama (Sistema Nacional de Medio Ambiente) confirma las intenciones. Pero no solo. También hay que verlo desde el ángulo de la creciente politización de la policía, base de apoyo electoral del Gobierno Federal. Este aspecto aporta una dimensión importante a tener en cuenta en cualquier apoyo a la cooperación internacional: la protección y fortalecimiento del estado de derecho democrático en Brasil.
La segunda propuesta, aunque necesaria, puede servir para compensar a los actores económicos que cometen delitos de forma recurrente. Cualquier apoyo financiero en este sentido debe estar condicionado a un análisis cuidadoso de los beneficiarios y un plan medible para la transición a una economía verde con el mismo nivel de ambición y exigencias que rigen actualmente el trabajo gubernamental y el debate político de los socios internacionales de Brasil.
En cualquier plan efectivo, Brasil debe priorizar el fortalecimiento de los órganos de inspección a nivel federal - Ibama e ICMBio - y a nivel estatal - incluidas las secretarías de medio ambiente y los órganos responsables del Registro Ambiental Rural -, además de reanudar de inmediato la asunción de responsabilidad por delitos ambientales, tal y como dicta la ley.
Todos queremos que Brasil vuelva a ocupar un lugar destacado en la agenda climática mundial. Depende de los brasileños y de nuestros socios internacionales recordar al Gobierno que no hay atajos para reducir la deforestación ilegal.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA