Robino ha sido condenado en última instancia por la corte italiana a nueve años de prisión por una violación colectiva, no obstante, el jugador está en Brasil y el país no extradita a brasileños nativos.
Esto quiere decir que salvo que viaje a Italia o a alguno de los países que tienen acuerdo de extradición con Italia, el deportista no cumplirá su condena en el país donde se cometió el delito, según la Justicia italiana, en 2013.
El siguiente paso del proceso es la publicación de la sentencia, 30 días después del juicio celebrado el miércoles (19). Como Robinho no está en Italia –al igual que su amigo Ricardo Falco, -también condenado–, el sistema judicial italiano podrá formalizar una solicitud al estado brasileño para que la ejecución de las sentencias se produzca en Brasil.
Esta posibilidad se recoge en la Ley de Migración (13.445/17) de Brasil, que prevé la transferencia de la pena en los casos en que no sea posible la extradición. Sin embargo, los abogados del delantero y los expertos entrevistados por el periódico ven poco probable la posibilidad de que este traslado del proceso se lleve a cabo.
De acuerdo a lo establecido en la legislación, la solicitud sería recibida por el STJ (Tribunal Superior de Justicia), el cual analizaría el cumplimiento de los requisitos. Algunos de estos criterios son claramente cumplidos, como la notificación regular, los procedimientos judiciales y la similitud de las leyes, es decir, lo que es un delito en otro país también es un delito en Brasil.
Donde la transferencia de la sentencia puede encontrar obstáculos es en un párrafo del acuerdo de cooperación judicial entre Brasil e Italia, firmado en 1989 y modificado en 1993. El acuerdo entre los países establece explícitamente que "la cooperación no incluirá la ejecución de medidas que restrinjan la libertad personal ni la ejecución de condenas".
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA