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Publicado en 11/04/2016

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Los jueces de la Lava Jato no secundan la huelga del sector

15/03/2018 - 13h36

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ANA LUIZA ALBUQUERQUE
DE CURITIBA
GÉSICA BRANDINO
DE SÃO PAULO

Los jueces federales que se convirtieron en símbolos de la Operación Lava Jato no secundan la paralización nacional convocada por el sector contra la posibilidad de que se pasen por revisión las dietas para vivienda pagadas a los magistrados.

La movilización, convocada para este jueves (15), está siendo promovida por diversas asociaciones de jueces del país.

El plan es presionar el STF (Supremo Tribunal Federal), que discutirá el tema el día 22 de marzo.

Sergio Lima/Folhapres
Sede del Tribunal Supremo en Brasilia
Sede del Tribunal Supremo en Brasilia

En este sentido, Que se celebrará en la ciudad de Río de Janeiro, en la que participará en el concurso de votación.

João Pedro Gebran Neto,Victor Laus y Leandro Paulsen, jueces del TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Región), corte que juzgan procesos de la Operación Lava Jato en segunda instancia, no modificarán sus agendas y comparecerán a las sesiones del jueves.

Lo mismo sucede con el juez Marcelo Bretas, responsable de las acciones de la Operación en Río.

La web de la Justicia Federal de Paraná informa que el juez Sergio Moro no tiene audiencias el día de la huelga, pero su asesoría no se manifestó sobre la adhesión del magistrado.

Folha de S.Paulo reveló que Sergio Moro recibe R$ 4.378 (US$ 1.332) mensuales en auxilio-vivienda, incluso contando con un inmueble propio en la capital paranaense.

Ya Bretas acudió a la Justicia para que él y su mujer, que también es jueza, pudieran recibir este beneficio, ya que una resolución del CNJ (Consejo Nacional de Justicia) impide la remuneración a parejas que comparten vivienda.

La recepción de dietas-vivienda por un juez que posee inmueble en la ciudad donde trabaja no es ilegal, pero plantea cuestionamientos.

De acuerdo con la estimación de la ONG Cuentas  Abiertas, de septiembre de 2014 hasta diciembre del año pasado, el auxilio-vivienda costó a la Unión y a los estados cerca de R$ 5.000 millones (US$ 1.530 millones).

Traducido por AZAHARA MARTÍN

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