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Publicado en 11/04/2016

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La policía investiga si Lula participó en una red de sobornos

05/02/2016 - 11h43

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GABRIEL MASCARENHAS
DE BRASÍLIA

La Policía Federal de Brasil investiga la eventual participación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y de otros agentes públicos en una supuesta red de comercialización de medidas legislativas, objeto de la Operación Zelotes.

La información llegó a la Justicia Federal en Brasília, donde cursa la acción penal del caso. La Policía Federal remitió un oficio para justificar la continuidad de la investigación.

Zipi/Efe
The name of former president Luiz Inácio Lula da Silva was contained within a document sent by the police to the Federal Courts
El nombre del expresidente aparece en los documentos enviados por la policía a la Corte Federal

En el documento, el comisario Marlon Cajado argumenta que la investigación es necesaria para identificar si otros agentes, además de los ya denunciados, fueron "corrompidos y serían socios de esa organización delictiva o si ésta 'vendería humo', victimizándolos y cometiendo tráfico de influencia en relación con los mismos".

Cajado se refiere a los casos de Lula y de los exministros Gilberto Carvalho (Secretaría General), Erenice Guerra (Casa Civil) y Nelson Machado (Previsión Social), así como al secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda Dyogo Oliveira, entre otros.

Los investigadores buscan esclarecer los supuestos pagos de sobornos a integrantes del gobierno para obtener la aprobación de tres medidas legislativas que otorgaron beneficios fiscales a la industria automotriz. Las ensambladoras Caoa (Hyundai) y MMC (representante de Mitsubishi) son algunas de las investigadas.

Uno de los hijos del expresidente, Luís Cláudio da Silva, recibió R$ 2,4 millones (USD 620.000) de una consultora que hizo lobby en el gobierno federal para obtener la aprobación de tales medidas. El hijo de Lula sostiene que el pago corresponde a servicios que prestó en el área deportiva.

En otro sector, la policía investiga indicios de soborno a miembros del Carf (Consejo Administrativo de Recursos Fiscales), órgano vinculado con Hacienda que juzga recursos de multas de la Receita Federal (máximo organismo tributario).

El oficio del comisario tiene como objetivo prestar esclarecimientos sobre la investigación después de que los defensores de los acusados cuestionaron a la Justicia.

Acusaban a la Policía Federal de llevar adelante una "investigación paralela" sobre los hechos denunciados, aun después del inicio del proceso judicial.

La denuncia que dio lugar al proceso, sostiene Cajado, fue presentada para cumplir con los plazos legales, ya que algunos acusados estaban presos. A partir de entonces, se continuó la investigación.

"El inicio de nuevas actuaciones para determinar otras conductas ilícitas atribuibles a la organización delictiva e inclusive la participación de nuevos individuos no es ilegalidad alguna", escribió.

La Procuraduría de la República del Distrito Federal está concluyendo un dictamen sobre la validez de la investigación. La tendencia es que los procuradores se manifiesten por la continuidad.

PARLAMENTARIOS
En el mismo oficio, la Policía Federal replica otro punto cuestionado por los abogados, que consideran que el caso debía tramitarse en el STF (Corte Suprema Federal). La causa es que se detectaron menciones a nombres de dos parlamentarios: el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el senador Romero Jucá, ambos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que tienen fueros.

El comisario dijo, no obstante, que las citas son insuficientes para abrir una nueva investigación y que por ello no se justifica que el proceso pase a ser competencia del STF.

Traducido por CARLOS TURDERA

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