El gobierno de Lula (PT) busca encontrar una solución al estancamiento con los municipios sobre la exención de las nóminas en menos de un mes, con el objetivo de resolver el tema antes del 20 de mayo, cuando comienza en Brasilia la Marcha de los Alcaldes.
Mientras que un sector del Gobierno propone una progresión de la contribución a la seguridad social de los municipios según su recaudación, el equipo económico ha defendido mantener la exención y ofrecer a cambio una renegociación de las deudas de los ayuntamientos con el Estado.
Esta propuesta, presentada por el presidente de la CNM (Confederación Nacional de Municipios), Paulo Roberto Ziulkoski, cuenta con la simpatía de la cartera de Economía, pero otras asociaciones han presentado contra-propuestas.
El acercamiento a los alcaldes también serviría para aliviar el ambiente político en el año de las elecciones municipales.
Los aliados del presidente, defensores de una solución política para el conflicto, enfrentarán dificultades en el Parlamento Nacional.
La AGU (Abogacía-General) presentó el miércoles (24) una demanda en el STF (Supremo Tribunal Federal) para suspender partes de la ley aprobada por el Congreso que prorrogaba hasta 2027 la exención de la nómina de los empleados de los ayuntamientos y de 17 sectores de la economía. La demanda fue admitida de manera monocrática por el magistrado Cristiano Zanin, con efecto inmediato.
La actitud de recurrir al Poder Judicial desagradó a los alcaldes, que esperan la reducción de la tasa impositiva para disponer de más dinero en efectivo, especialmente en un año de elecciones municipales. También disgustó a los parlamentarios, que vieron la medida como una interferencia en las decisiones del Legislativo.
