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Publicado en 11/04/2016

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Editorial: Internet civilizada

25/04/2014 - 11h00

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Brasil gana, finalmente, su "Constitución de Internet", como se bautizó al Marco Civil sancionado anteayer por la presidenta Dilma Rousseff.

El texto final tiene más cualidades que defectos, lo que llega a sorprender, teniendo en cuenta que estuvo demorado por tres años en Diputados y fue rápidamente aprobado por el Senado.

La analogía constitucional es apropiada, una vez que la nueva ley establece principios, garantías, derechos y deberes en el ambiente virtual válidos para usuarios, proveedores y agentes públicos. Sus pilares son tres: neutralidad de la red, privacidad y seguridad de datos.

En el primero de ellos prevaleció el sentido común y el interés colectivo de los más de 100 millones de usuarios de Internet en Brasil.

Los proveedores del servicio pueden ofertar paquetes diferenciados (en precio y velocidad del tráfico de datos), pero no pueden estipular cómo deben ser usados sus servicios, o hacer la conexión más rápida o lenta dependiendo del tipo de uso.

En otras palabras, para el usuario, la red debe ser neutral. El proveedor del servicio no puede lentificar la conexión si el cliente está bajando o viendo un vídeo, por ejemplo.

El conflicto tradicional entre los derechos individuales -como honra y reputación- y las libertades civiles de expresión e información recibió en el texto un clásico abordaje liberal: un sitio sólo estará obligado a retirar contenidos del aire por fuerza de una decisión judicial.

El proveedor (como una red social) será responsabilizado únicamente si deja de cumplir la orden del juez. O si, después de notificado, no quitase de la red material divulgado sin autorización que viole la intimidad de terceros (como imágenes de desnudos o actividad sexual).

Por fin, el Marco Civil estipula reglas para el almacenamiento de datos por proveedores por el plazo de un año, así como su inviolabilidad. El acceso a esos registros por "autoridades administrativas" -para la investigación de ilícitos, por ejemplo- también depende de una decisión judicial.

Ese fue, concluyendo, uno de los pocos puntos que suscitó un debate en Senado. El senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) propuso que la ley especificara cuáles autoridades (policiales y del Ministerio Público) podrían exigir informaciones personales, pero fue derrotado.

Una enmienda como esa en el texto, de contenido y no sólo de redacción, forzaría su devolución para nuevo escrutinio en la Cámara.

El aplazamiento perjudicaría la conveniencia política de la presidenta Dilma Rousseff, que quiso sancionar el Marco Civil en tiempo para el evento NET Mundial, que tuvo lugar anteayer, en São Paulo.

El Senado consintió y le hizo una reverencia apresurada. Tal vez les haya parecido a los senadores una concesión barata, pero para la opinión pública, es evidente que la institución, una vez más, renunció a su papel de revisión de la ley.

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