Poco más de un mes después de la publicación de la resolución del CFM (Consejo Federal de Medicina) que restringe los abortos legales de embarazos por encima de las 22 semanas resultantes de una violación, los servicios públicos suspendieron las atenciones, generando un clima de miedo e inseguridad en los equipos médicos. Según los profesionales, la medida trajo consecuencias dramáticas.
En Recife (Pernambuco), una adolescente solo pudo obtener el aborto previsto por ley después de intentar suicidarse y terminar en la Unidad de Cuidados Intensivos. Dado que los casos de riesgo de muerte de la madre no están incluidos en la norma del CFM, el equipo médico obtuvo un parecer psiquiátrico y realizó el procedimiento.
En otro caso, una joven de Brasilia, con 22 semanas y un día de gestación, tuvo el aborto legal negado y, con la ayuda de una ONG brasileña, el Proyecto Vivas, viajó a la ciudad de Rosario, en Argentina, para realizar la interrupción.
Aunque la ley brasileña no establece un límite de edad gestacional para los abortos previstos por ley (violación, riesgo para la salud de la madre y casos de anencefalia), en la práctica, la resolución del CFM impuso ese límite.