Haití, país caribeño fronterizo con República Dominicana y que desde hace más de diez años ha visto trabajar en su territorio a las Fuerzas Armadas brasileñas, vive ahora el desmantelamiento del Estado, no tiene representantes electos en los cargos de poder y, cada día de 2023, registró un promedio de más de siete muertes por violencia de pandillas, según un informe de la ONU.
Es en medio de este escenario de crisis –humanitaria, social, económica, política, de seguridad y de legitimidad– que el haitiano Emanoel Buno, en Brasil desde 2017, intenta traer a sus hijos Dany-Lore y Elsharaw a Blumenau, en Santa Catarina, donde trabaja como albañil y vive con su esposa, Manise, que también es haitiana. Pero los padres ven disminuir su esperanza.
Desde 2021, buscan autorización en los tribunales brasileños para que los niños puedan viajar sin el requisito de obtener una visa. La pareja es parte de un fenómeno creciente que desafía a la diplomacia: la judicialización de casos que involucran a haitianos que intentan traer a sus familiares a Brasil.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA