Editorial: Rousseff tiene una última chance para salvar a su gobierno

14/09/2015 - 15h45

La administración de la presidenta Dilma Rousseff pende de un hilo, en medio de una crisis política y económica muy grave que ayudó a crear, y a la que ha respondido de forma errática y poco coordinada, viviendo la corrosión vertiginosa de su apoyo popular y parlamentario, a la que se suma el desmantelamiento ético del PT y de los partidos que alguna vez le prestaron apoyo.

La presidenta abusó del derecho de cometer errores. A menos de diez meses de su segundo mandato perdió la credibilidad y agotó las reservas de paciencia de las que disponía en la sociedad.

Rousseff necesita, ahora, demostrar que todavía tiene capacidad política de presentar nuevos rumbos para el país en el tiempo que le queda de gobierno.

Se trata de reconocer las alarmantes dimensiones de la actual crisis y, sin dudar, responder a las emergencias producidas sobre todo por la irresponsabilidad generalizada que se verificó en los últimos años.

Es preciso tomar medidas extremas y que la presidenta las lleve cuanto antes ante el Congreso, y que el Congreso, por su parte, abandone la provocación y el chantaje en pos de la estabilidad económica y social.

También depende de los parlamentarios que se le ponga un punto final a esta discordia; diputados y senadores no pueden eximirse de sus responsabilidades, mucho menos imaginar que la crisis no los va a tocar de cerca en caso de que el país se derrumbe.

Es imprescindible contener el aumento de la deuda pública y de la degradación económica. Recortes de gastos tendrán que ser realizados de forma radical y sin precedentes, bajo la pena de que se vuelvan realidad pesadillas aún peores, como el fantasma de una inflación descontrolada.

La contención de los gastos debe concentrarse en los beneficios perdularios de la seguridad social, cuyas reglas están fuera de sintonía no solo con la coyuntura actual sino también con la evolución demográfica del país.

El gobierno debe prestar atención a subsidios para sectores específicos de la economía y a los gastos con programas sociales.

Las circunstancias dramáticas también exigen una liberación parcial y temporal de los gastos obligatorios en salud pública y educación, a lo que seguiría una revisión cuidadosa de estos gastos en el futuro.

Además de adoptar iniciativas como la simbólica reducción de ministerios, también se deben introducir mecanismos legales que resulten en un efectivo control de los gastos, incluyendo los salarios de los empleados públicos, condicionando los aumentos al crecimiento del PIB.

Pese a que sean drásticas, estas medidas serán insuficientes para tapar el déficit en el presupuesto ocasionado por la ineptitud de la presidenta.

Una vez que se implementen, no obstante, le darán al gobierno crédito para demandar otro sacrificio, a saber, algún aumento de la ya obscena carga tributaria, un fardo que deberá ser repartido del modo más justo posible entre los diversos sectores de la población.

Desafortunadamente, no hay cómo escapar de un aumento de impuestos, y se recurrirá a imponer nuevas alícuotas sobre la renta de los más privilegiados y a una ampliación de emergencia de las tasas sobre los combustibles, por ejemplo.

Claro que la sociedad brasileña va a mostrar una gran resistencia ante iniciativas de este tipo. Pero el país no tiene elección.

La presidenta Rousseff tampoco: si se doblega ante el peso de la crisis, todo lo que restará para ella será abandonar sus responsabilidades presidenciales y, eventualmente, el cargo que ocupa.

Traducido por NATALIA FABENI

Lea el artículo original