El año comenzó prometedor para el equipo de la Lava Jato gracias a un aliado en el Ministerio de Justicia y termina con una serie de derrotas en varios tribunales del Poder Judicial, el estancamiento de los resultados y un daño sin precedentes a su credibilidad.
En medio de las decisiones de la Corte Suprema Federal que analizaron los pilares de la operación, como el ingreso en prisión de los condenados en segunda instancia, los fiscales redujeron su exposición pública ante la divulgación de diálogos mantenidos a través de la aplicación Telegram.
Las conversaciones publicadas por The Intercept Brasil y otros medios, como Folha, indicaron una combinación de medidas con el exjuez Sergio Moro, el uso de información confidencial fuera de formalidades e incluso la articulación de una empresa de conferencias para aprovechar la visibilidad de la operación.
Incluso los políticos conocidos por apoyar la operación, como el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), criticaron al equipo por lo que consideraban prácticas abusivas.
Aun así, la popularidad de la operación se mantuvo alta: en una encuesta de Datafolha a principios de este mes, el 81% de los encuestados dijo que la Lava Jato aún no ha cumplido sus objetivos y que debería continuar.
De cara a 2020, nuevas discusiones en la Corte Suprema pueden derivar en la revisión de decisiones judiciales antiguas en el marco de la operación: el juicio sobre la imparcialidad de Moro para instruir casos del expresidente Lula, cuyos efectos pueden extenderse a otras ramas de la operación, y el análisis, ya fijado para junio, sobre la legalidad de la denuncia de JBS, el acuerdo más controvertido alcanzado por la Oficina del Fiscal General en Brasilia.
En marzo de 2014, arrancó la operación con el objetivo de combatir un esquema de operadores financieros. La Lava Jato alcanzó su punto clave años más tarde, influyendo directamente en el curso de la política nacional, como el juicio político contra Dilma Rousseff en 2016, y las denuncias contra el entonces presidente Michel Temer, en 2017, interpuestas por la Fiscalía General.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA