El lunes (21), el fiscal general adjunto Lucas Rocha Furtado solicitó al Tribunal de Cuentas de la Federación que investigue si la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, violó el principio constitucional de laicidad del Estado mediante el uso de las prerrogativas de su cargo para tratar de impedir el aborto legal de la menor de Espírito Santo que quedó embarazada tras sufrir años de violaciones.
Además, argumenta que al hacerlo, la ministra no cumplió con su responsabilidad de proteger a la menor.
El pedido se basa en el reportaje publicado este lunes por Folha sobre el operativo enviado por la ministra a la ciudad de São Mateus (ES), conformado por representantes del Ministerio y aliados políticos que intentaron impedir la interrupción del embarazo.
El objetivo de la operación era trasladar a la niña a un hospital de Jacareí (SP), donde esperaría a que avanzara el embarazo y tener el bebé, pese al riesgo que suponía para su vida. El equipo enviado presionó e incluso ofreció mejoras al consejo tutelar local.
El escrito firmado por el fiscal del TCU, a la que tuvo acceso Folha, también cuestiona si "la Administración Pública Federal, incluso frente a la laicidad constitucional del Estado brasileño, ha permitido que los actos oficiales del gobierno se contaminen con convicciones religiosas personales de sus miembros ".
Damares desmintió el reportaje y dijo que envió al equipo para " fortalecer la red de apoyo a la niña".
La menor cumplía las dos condiciones previstas en el Código Penal brasileño para someterse a un aborto legal: embarazo por violación y riesgo de vida para la madre.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA