La Comisión del Colegio Nacional de Abogados afirma que la PEC dos Precatório (deudas de las administraciones públicas por causas judiciales), también conocida como la PEC do Calote (PEC del Impago), ataca dos cláusulas sustantivas de la Constitución —separación de poderes y derechos, y garantías individuales— y observa más de 30 violaciones constitucionales. Dada la jurisprudencia del Supremo, la entidad prevé que la norma será derogada por el Poder Judicial. Sin embargo, esto puede tardar hasta cinco años en suceder, considerando también el historial de juicios previos sobre el tema.
De ser así, el problema recaería en otro gobierno, incluso en el caso de una reelección de Jair Bolsonaro.
La propuesta presentada por el Gobierno y que ya ha sido aprobada por una comisión especial de la Cámara acaba con el pago regular de estas deudas judiciales.
De acuerdo con las cuentas de la Asesoría Presupuestaria de la Cámara de los Diputados, la lista de pagos debe estar entre R$ 200 mil millones y R$ 250 mil millones de cara al 2026. Es decir, se necesitarían al menos cuatro años para pagar las indemnizaciones aplazadas a partir del 2022.
En el peor de los casos, las requisiciones de pequeño valor ocuparían todo el techo de gasto a partir de 2028, posponiendo y pagando todas las deudas ordenadas por los tribunales de manera indefinida, con una deuda que podría ascender a R$ 1,5 billones a fines de 2036, cuando será extinguido el techo de gasto.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA