"Felicitaciones al tirador. Felicitaciones al juez. Felicitaciones a la población por armarse". Fue con frases de este tipo que grupos pro-armas celebraron en redes sociales la decisión de un juez que revocó la detención en flagrante delito, por porte ilícito de arma, de un comerciante registrado como CAC (coleccionista, tirador y cazador) que mató a un sospechoso de robo en Jundiaí (SP) en junio.
El inspector consideró delito que un tirador deportivo, aun actuando en defensa propia, porte una pistola sin estar de camino a un campo de tiro. El juez no estuvo de acuerdo y ordenó la devolución del arma, la documentación y el dinero de la fianza (R$ 6.060).
Para los expertos, la decisión es el retrato extremo de la inseguridad jurídica instalada en el país con la serie de actos normativos publicados durante el gobierno de Jair Bolsonaro (PL) que, en la práctica, debilitaron uno de los principales pilares del Estatuto del Desarme: la prohibición para el ciudadano común de andar armado.
"Eso significó que, en la práctica, los más de 450.000 CAC de Brasil [un número que llegó a más de 670.000 en junio de este año] adquirieron la licencia de tenencia de armas de forma automática, simplemente porque son cazadores o tiradores", dice Ivan Marques, del Foro Brasileño de Seguridad Pública y experto en el tema.
Según el Instituto Sou da Paz, el Gobierno Federal ya publicó 17 decretos presidenciales, 19 ordenanzas, 3 instrucciones normativas, 2 proyectos de ley y 2 resoluciones. Las medidas, en general, aumentan el acceso de la población a armas y municiones y, por otro lado, debilitan los mecanismos de control e inspección de artículos de guerra.
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA