El gobierno de Lula quiere imponer obligaciones a las big techs para reducir el contenido golpista en Brasil

El proyecto de ley hace responsables a las plataformas de los contenidos que violan la Ley del Estado Democrático de Derecho; El incumplimiento generalizado daría lugar a una multa

El ministro de Justicia, Flávio Dino, entregará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en los próximos días la propuesta de ley que responsabilizará a las plataformas de internet por contenidos que violen la Ley del Estado Democrático de Derecho.

Según el texto, las plataformas tendrán un "deber de cuidado" para evitar la difusión de contenidos que violen la Ley, es decir, llamen a la abolición del Estado democrático de Derecho, alienten la violencia para derrocar al gobierno e inciten públicamente a la animadversión entre las Fuerzas Armadas y los poderes constitucionales.

Para cumplir con el "deber de cuidado", las empresas deberán presentar informes periódicos de transparencia detallando cómo eliminaron o redujeron el alcance de los contenidos ilegales y adoptar medidas para mitigar el riesgo de difusión de estas publicaciones.

También tendrán que eliminar los contenidos ilegales utilizando sus propias normas de uso, que en muchos casos ya prohíben las publicaciones que inciten al golpe o mientan sobre el proceso electoral.

La plataforma no será responsable civilmente por ciertas publicaciones. La empresa sólo será sancionada en caso de incumplimiento generalizado del deber de cuidado.

El proyecto de ley adopta el concepto de "deber de cuidado" previsto en la regulación de internet de la Unión Europea, la Digital Services Act (DSA), que entra en vigor el próximo mes, en la Online Safety Act, del Reino Unido, y en la regulación alemana de la red.

Ahora, en el caso de una orden judicial para retirar contenido que viole la Ley del Estado Democrático, la propuesta de ley prevé reglas similares a la resolución adoptada por el TSE (Tribunal Superior Electoral) diez días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.

La resolución estableció un plazo de dos horas después de la notificación para la eliminación de la publicación, bajo pena de multa de R$ 100.000 a R$ 150.000 por hora de incumplimiento.

Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA

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