El STF (Supremo Tribunal Federal) criminalizó la homotransfobia hace cinco años, tipificando el delito en la ley del racismo —con pena de 2 a 5 años de reclusión— hasta que el Congreso Nacional apruebe una legislación específica sobre el tema.
Ningún caso de este tipo fue contabilizado por la justicia brasileña hasta junio de 2022, porque no se había creado un tema procesal específico para la discriminación contra personas LGBT. En los expedientes, todo se clasificaba como racismo. La información es del CNJ (Consejo Nacional de Justicia).
Inicialmente, el organismo había negado la existencia de un tema procesal sobre el asunto. Después de la publicación del reportaje, corrigieron la información diciendo que la categoría fue creada hace dos años.
Desde entonces, los crímenes pueden ser clasificados como intolerancia o injuria por identidad, expresión de género u orientación sexual. Pocos casos fueron registrados de junio de 2022 a marzo de este año: 60.
En medio de la laguna de datos oficiales, algunas entidades intentan cuantificar los casos consultando boletines de ocurrencia. Una de ellas es el Foro Brasileño de Seguridad Pública, que ha informado sobre el total de casos de homofobia registrados como racismo desde 2020.
En ese año, se registraron 111 casos en la Justicia. En 2021, fueron 328. Ya en 2022, el último año con datos, fueron 503. En el período observado, hubo un aumento del 353% en las notificaciones.
Fue el abogado Paulo Iotti, de São Paulo, el responsable de defender la punición por la ley del racismo en los casos de homofobia y transfobia ante el Supremo. La demanda había sido llevada a la corte por la ABGLT (Asociación Brasileña de Gays, Lesbianas y Transexuales) y el partido Cidadania.
Para Iotti, la falta de asunto procesal sobre homotransfobia después de cinco años demuestra la "mala voluntad, ineptitud e incompetencia increíbles" del Judiciario. A Folha, explica que la ley contra crímenes raciales ya prevé tipificaciones por color, etnia, religión y procedencia nacional. Por eso, no habría barrera para incluir orientación o identidad sexual. Para Iotti, una posible solución estaría en las policías estatales. "Las Secretarías de Seguridad Pública podrían instruir a sus comisarías a tipificar a la víctima y mapear esos datos en los boletines de ocurrencia", dice él. "Si fue contra un gay, déjelo claro. Contra una lesbiana, también." São Paulo sigue este ejemplo. Desde 2015, los boletines online y presenciales ofrecen campo para poner homofobia o transfobia como probable motivación del crimen, además de perfilar la orientación o identidad sexual de la víctima. Así, es posible identificar los casos cuando llegan a los tribunales.