El Ministerio de Economía decretó la confidencialidad de estudios y opiniones técnicas en las que se basó la PEC (Proyecto de Enmienda Constitucional) de la reforma de las pensiones, impidiendo así que el ciudadano común, afectado directamente por los cambios en pensiones y jubilaciones, tenga acceso a argumentos, estadísticas, datos económicos y sociales que fundamentan el texto en tramitación.
La decisión de blindar los documentos es una respuesta de la cartera a un pedido de consulta de Folha, apelando a la Ley de Acceso a la información tras el envío de la PEC al Congreso.
En su respuesta, la Secretaría Especial de Seguridad Social y Trabajo informó haber elaborado, "en el marco de sus competencias regimentales", manifestaciones técnicas sobre la propuesta en trámite.
"No obstante, todos los expedientes fueron clasificados en el nivel de acceso restringido por tratarse de documentos preparatorios", explicó.
En la práctica, esto significa que sólo funcionarios y autoridades públicas, debidamente autorizados, pueden acceder a la información.
La resistencia del Gobierno a presentar los análisis relacionados con la PEC ha enfadado a los congresistas.
El decreto que regula la Ley de Acceso califica como preparatorios los documentos formales utilizados como fundamento de la "toma de una decisión o de acto administrativo, como por ejemplo, dictámenes y notas técnicas".
La Secretaría asegura que la medida restrictiva sigue la interpretación al respecto hecha por la PGFN (Fiscalía General de la Hacienda Nacional).
Traducido por AZAHARA MARTÍN ORTEGA