El magistrado Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, admitió una demanda del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y suspendió este jueves (25) partes de la ley que prorrogaba la exención fiscal de la nómina de empresas y municipalidades.
La demanda fue presentada ante el Supremo el miércoles (24). La petición está firmada por el propio presidente y por el jefe de la AGU (Abogacía General), Jorge Messias. El argumento principal es que la exención fiscal fue aprobada por el Parlamento "sin la adecuada demostración del impacto financiero". El Gobierno dice que hay una violación de la LRF (Ley de Responsabilidad Fiscal) y de la Constitución.
En la decisión provisional, Zanin consideró que, sin indicación del impacto presupuestario, podría haber "un desajuste significativo en las cuentas públicas y un despojo del régimen fiscal constitucionalizado". La suspensión tiene efecto inmediato. Sin embargo, Zanin sometió la decisión a sus colegas. Los demás magistrados la analizarán en una sesión virtual que comienza la madrugada de este viernes (26) y termina el 6 de mayo. La medida provisional generó reacciones entre los congresistas y los sectores productivos. Para el presidente del Senado y también del Parlamento, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se trata de un "tercer turno".
Al fundamentar la decisión, el magistrado que ya fue abogado de Lula en los casos de la Lava Jato afirmó que en 2000 "el país comenzó a buscar la responsabilidad fiscal con la valiosa participación del Parlamento Nacional", citando la ley que trata del tema.
Agregó que, no obstante, "las reglas fiscales aprobadas en esa oportunidad pasaron por un proceso de flexibilización al mismo tiempo que hubo un aumento desordenado de gastos públicos en los últimos años".
Zanin menciona entonces la regla del techo de gastos, aprobada por el Congreso en 2016, durante el gobierno de Michel Temer (MDB), que limitaba el crecimiento de los gastos del Gobierno Federal. "[La enmienda a la Constitución del techo fue] aprobada en un plazo ajustado y en un momento político turbulento del país, todo para reforzar la intención de las Casas Legislativas de promover el control efectivo de las cuentas públicas".